Fue el presidente César Gaviria Trujillo, fundamentado en la nueva Constitución y la Ley 142 y 143 de 1994, quien abrió las puertas a los operadores privados para que manejaran los servicios públicos en el Caribe.
Somos los conejillos de indias, que hemos servido de espectadores para ver crear nuevas empresas sin músculos financieros, que llegan como piratas a enriquecerse con los subsidios, las facturas y las ‘jugaditas’ que se inventaron para empobrecer al usuario, y desfalcar al propio Estado.
En el Caribe, los servicios de energía, agua, aseo, alumbrado público; la producción de licores y, los juegos de azar, deben volver a ser manejados por los entes territoriales, tal y como ocurre con el resto del país. El modelo privatizado ha fracasado.
La empresa Air-e – Intervenida, propone que los usuarios debemos ahorrar energía: ¿Para qué? Si ahorras, las facturas se incrementan, te revisan el medidor, pero no mejora el servicio.
Debemos decirlo con franqueza: el ahorro del usuario no puede ser la respuesta definitiva a una crisis que tiene profundas raíces estructurales.
Esta es la oportunidad del Caribe, para recuperar dominio sobre sus servicios: producir nuestra propia energía fundamentados en las riquezas naturales: vientos, sol, agua, gas, carbón.
No se trata de regresar mecánicamente al pasado, ni de crear empresas públicas burocráticas e ineficientes. Se trata de construir empresas regionales modernas, autónomas, transparentes, técnicamente calificadas y sometidas a rigurosos controles fiscales y ciudadanos.
Así reduciríamos la dependencia de mercados externos y de los altos costos asociados a determinados generadores, eliminar intermediarios que incrementan las tarifas que, lógicamente generan la cultura del no pago y el fraude.
La educación energética debe continuar. El usuario debe ahorrar y consumir responsablemente. Pero también debe exigirse eficiencia a quienes producen, transportan y comercializan la energía.
El Caribe no puede ser únicamente consumidor de electricidad cuando posee algunos de los mayores recursos energéticos del país.
Los operadores privados tuvieron su oportunidad y los resultados obligan a revisar el modelo.
La solución no es estatizar por estatizar. Es recuperar la soberanía energética regional, con empresas públicas eficientes, generación propia, tarifas justas y una administración transparente.
La crisis eléctrica del Caribe colombiano dejó de ser una simple discusión sobre tarifas, apagones o calidad del servicio. Es el resultado de un modelo que durante décadas terminó alejando a las comunidades de una empresa fundamental para su desarrollo. Hoy, cuando los usuarios padecen facturas elevadas, interrupciones frecuentes y un sistema que reclama inversiones millonarias, ha llegado el momento de preguntarnos si no debemos recuperar, con un nuevo modelo empresarial, el control público territorial del servicio.
El sol y el viento están aquí. Lo que falta es la decisión de convertirlos en energía, desarrollo y bienestar para el Caribe.
