Abelardo De la Espriella, solo pudo disfrutar 36 horas de tranquilidad, luego de asumir su mandato. En ese lapso posesionó a su gabinete. Atendió algunas visitas y comenzó a encarar con decisión la difícil tarea de administrar un país destrozado, atado presupuestalmente, y con cuentas fiscales con dudosa contabilidad.
La dicha solo le alcanzó hasta a las 7:34 minutos de la mañana del lunes 10 de agosto. Exactamente 36 horas después de jurar ante el presidente del Congreso Honorio Henríquez, y presentarse como comandante en jefe de las Fuerzas Militares de Colombia.
Doce días después de iniciar su periodo de cuatro años de Gobierno De la Espriella, y todo un país, todavía no termina de asimilar la dimensión de la tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el pasado 10 de agosto. Y mientras las familias lloran a sus muertos, buscan a sus desaparecidos y tratan de recuperar lo poco que quedó en pie, los sectores de la oposición comienzan a evaluar la respuesta que el nuevo Gobierno, le hado en 12 días a una de las peores catástrofes que ha tenido este territorio.
Su primer paso fue evaluar. Luego reaccionó, con una declaratoria de desastre nacional, instaló puestos de mando unificado, desplazó autoridades y organismos de socorro hacia las zonas más afectadas y ordenó mantener las operaciones de búsqueda y rescate. También decretó tres días de duelo nacional por las víctimas.
Pero una tragedia de esta magnitud no puede medirse únicamente por decretos, discursos o presencia presidencial. A 12 días del terremoto, el balance es estremecedor: 450 municipios afectados en 15 departamentos, 120.328 familias damnificadas, 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas. Las pérdidas materiales preliminares fueron calculadas en 30 billones de pesos.
Es justo reconocer que la dimensión del desastre supera cualquier capacidad de respuesta inmediata. También es cierto que los organismos de socorro han trabajado en condiciones extraordinarias y que miles de colombianos han demostrado una solidaridad admirable.
Pero precisamente por eso, el Gobierno debe pasar rápidamente de la emergencia a la reconstrucción. No basta con llevar mercados, instalar carpas o visitar los lugares afectados. Hay que reconstruir viviendas, hospitales, escuelas, carreteras, acueductos y sistemas eléctricos. Y hacerlo con transparencia, sin burocracia y sin convertir la tragedia en escenario de propaganda política.
El Gobierno también debe escuchar a las comunidades. En lugares como Chocó, la emergencia simplemente profundizó problemas históricos de pobreza, aislamiento y abandono institucional. El terremoto no puede convertirse en otra promesa incumplida.
El terremoto fue natural. La magnitud de sus consecuencias también revela nuestras vulnerabilidades. Pese al esfuerzo del actual Gobierno, en 12 días no se ha podido implementar todo el andamiaje para iniciar la reconstrucción, con un país con el presupuesto del 2026 comprometido.
