El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, hizo un llamado al Gobierno nacional para establecer reglas claras, agilizar los trámites administrativos y garantizar seguridad jurídica a…
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El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, hizo un llamado al Gobierno nacional para establecer reglas claras, agilizar los trámites administrativos y garantizar seguridad jurídica a las empresas del sector de petróleo y gas, con el propósito de fortalecer la confianza de los inversionistas y promover el desarrollo de esta industria en Colombia.
El pronunciamiento se realizó durante la IX Cumbre de Petróleo, Gas y Energía, celebrada en Cartagena, donde el jefe del Ministerio Público destacó la importancia estratégica de esta actividad económica por sus aportes a las finanzas públicas, el pago de regalías, la generación de empleo y el abastecimiento energético del país. También sostuvo que respaldar a quienes emprenden, generan oportunidades laborales y mantienen sus inversiones en Colombia representa una forma de contribuir al desarrollo nacional.
Durante su intervención, Eljach advirtió que la incertidumbre sobre los tiempos y resultados de las consultas previas puede afectar la planificación y ejecución de los proyectos. No obstante, insistió en que el crecimiento de la industria debe garantizar el respeto por las comunidades, el cumplimiento de las consultas previas y las licencias ambientales, además de la protección de los recursos hídricos y los ecosistemas. En ese sentido, aseguró que la Procuraduría acompaña a las empresas que cumplen la normativa y ejerce vigilancia sobre las actuaciones de las autoridades ambientales.
El procurador también se refirió a las dificultades fiscales que enfrenta Colombia y a la responsabilidad de las entidades públicas de administrar los recursos con austeridad. Como parte de ese compromiso, anunció que la Procuraduría no realizará este año su tradicional celebración de Navidad.
Asimismo, informó que al finalizar 2026 el organismo de control devolverá, en promedio, 102.000 millones de pesos al presupuesto público, correspondientes a 404 vacantes que no fueron utilizadas. Según explicó, esta decisión busca demostrar con resultados verificables el compromiso institucional con el uso responsable de los recursos del Estado.
