Colombia está frente a una decisión que no admite más aplazamientos. Mientras el país comienza a sentir la presión de una eventual escasez de gas natural y busca…
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Colombia está frente a una decisión que no admite más aplazamientos. Mientras el país comienza a sentir la presión de una eventual escasez de gas natural y busca alternativas para garantizar el abastecimiento, resulta inevitable formular una pregunta elemental: ¿tiene sentido importar gas en barcos cuando existe un gasoducto que puede conectar a Colombia con una de las mayores reservas de gas del continente?
El Gasoducto Antonio Ricaurte vuelve a ocupar un lugar en la discusión nacional. Y no debería ser una noticia pasajera. Hace varios meses, Diario del Norte, El Pulso Caribe y el Noticiero Cardenal plantearon la necesidad de revisar esta posibilidad. El debate pasó inadvertido. Hoy, sin embargo, la realidad energética obliga a mirar nuevamente hacia esa infraestructura binacional.
No se trata de proponer una dependencia absoluta de Venezuela. Sería un error cambiar una dependencia por otra. Colombia necesita explorar sus propias reservas, fortalecer la producción nacional, avanzar en energías renovables y diversificar sus fuentes. Pero también sería un contrasentido ignorar una alternativa que está al alcance de la mano mientras se estudian costosas importaciones de gas transportado por mar.
Un barco puede traer gas desde lugares distantes del mundo. Pero el gasoducto ofrece una conexión directa con un país vecino. La diferencia no es solamente geográfica. Es económica, estratégica y política.
La reciente discusión sobre la posible reactivación del Gasoducto Antonio Ricaurte abre una oportunidad que debe ser estudiada con seriedad. Las declaraciones de Sarath Moya, exgerente de Pdvsa Colombia, según las cuales el convenio binacional nunca fue completamente finiquitado y existen asuntos pendientes entre las dos naciones, merecen ser revisadas por las autoridades competentes. Lo fundamental es establecer, con absoluta transparencia, cuáles son las condiciones jurídicas y técnicas para recuperar esta infraestructura.
La Guajira no puede ser una simple espectadora. Por su posición geográfica y su condición de territorio energético, la reactivación del gasoducto puede representar empleos, inversiones y una mayor dinámica económica.
Colombia no puede darse el lujo de desperdiciar las herramientas que ya tiene. Si el país necesita gas, debe garantizar primero todas las alternativas que le permitan obtenerlo de manera segura, competitiva y sostenible.
Importar gas en barcos puede ser necesario en determinadas circunstancias. Pero si existe la posibilidad de traerlo por una infraestructura ya construida y conectada con nuestro vecino, lo irresponsable sería ni siquiera intentarlo.
El Gasoducto Antonio Ricaurte no debe ser visto como una concesión política ni como una aventura diplomática. Debe analizarse como lo que puede ser: una pieza de la seguridad energética de Colombia y una nueva oportunidad para que La Guajira deje de ser solamente la tierra por donde pasan los grandes negocios energéticos y comience, finalmente, a recibir una parte justa de sus beneficios.
