La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) solicitó al Consejo de Estado la suspensión provisional de la Resolución CRA 1040 del 30 de julio…
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La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) solicitó al Consejo de Estado la suspensión provisional de la Resolución CRA 1040 del 30 de julio de 2026, que establece el nuevo marco tarifario del servicio público de aseo para municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores. El gremio presentó una solicitud de coadyuvancia a la demanda de nulidad contra esta disposición y reiteró que debe ser revocada antes de su entrada en aplicación en 2027.
La organización manifestó que existen cuestionamientos sobre el procedimiento adelantado por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), así como sobre los fundamentos técnicos utilizados para establecer las nuevas tarifas. Entre sus principales reparos señaló que más del 50 % de las disposiciones de la resolución corresponden a cambios que no estaban contemplados en el proyecto sometido a consulta pública, por lo que los actores del sector no tuvieron oportunidad de conocerlos y debatirlos previamente. También advirtió sobre posibles efectos retroactivos que afectarían las reglas de aprovechamiento y a organizaciones de recicladores y usuarios.
Otro de los puntos señalados está relacionado con los parámetros técnicos utilizados para calcular los costos operativos. Andesco cuestionó que la metodología establezca un rendimiento diario de 57,42 kilómetros para las barredoras sobre chasis, cuando las referencias de operación se aproximan a los 32 kilómetros. Asimismo, rechazó que la tasa de mantenimiento de estos equipos se haya reducido del 21,14 % al 10 %, al considerar que estos valores no reflejan las condiciones reales del servicio. El gremio también pidió que las decisiones tarifarias respeten los principios de eficiencia económica, suficiencia financiera, neutralidad, simplicidad y transparencia contemplados en la Ley 142 de 1994.
Camilo Sánchez, presidente de Andesco, explicó que la acción judicial busca garantizar la seguridad jurídica y evitar afectaciones en la continuidad y calidad del servicio de aseo, que llega a cerca de 36 millones de usuarios en el país. Por ello, pidió al Consejo de Estado adoptar la suspensión provisional de la resolución mientras se estudia de fondo la demanda.
El gremio recordó que el pasado 22 de septiembre presentó ante el Gobierno nacional una solicitud de revocatoria directa de la norma. Además, propuso establecer una mesa técnica y participativa con el Gobierno, la CRA, las administraciones territoriales, las empresas prestadoras, los recicladores y los usuarios, con el propósito de construir una nueva regulación sustentada en información verificable sobre costos de equipos, tecnologías, rendimientos operativos, gastos laborales, disposición final e inversiones necesarias.
Finalmente, Andesco insistió en que cualquier modificación del esquema tarifario debe garantizar los derechos, la formalización y una remuneración adecuada para los recicladores de oficio, así como su participación directa en la elaboración de las nuevas disposiciones. El gremio manifestó su disposición a continuar el diálogo con las autoridades, sin interferir en la autonomía de las instancias judiciales y regulatorias.
