El magistrado Danilo Rojas, recientemente elegido presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), anunció una serie de ajustes administrativos y operativos que deberá implementar la entidad…
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El magistrado Danilo Rojas, recientemente elegido presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), anunció una serie de ajustes administrativos y operativos que deberá implementar la entidad como consecuencia de la reducción presupuestal aplicada por el Gobierno nacional. Entre las medidas se encuentra la disminución de los esquemas de seguridad de los magistrados, una decisión que también impactará la protección de víctimas, testigos y comparecientes.
Durante una entrevista con el programa 6AM W, de Caracol Radio, Rojas reconoció que actualmente no cuenta con escoltas y aseguró que está dispuesto a entregar incluso el vehículo asignado si las necesidades presupuestales así lo requieren. El magistrado manifestó su preocupación por las consecuencias de estos recortes, especialmente en materia de protección para quienes participan en los procesos judiciales de la jurisdicción. Por ello, hizo un llamado al Gobierno para que asuma mayores responsabilidades en la seguridad de esta población.
Entre los cambios anunciados también está el traslado de la sede institucional a unas instalaciones de 4.200 metros cuadrados, una modificación que representaría un ahorro aproximado de 26.000 millones de pesos. Asimismo, la JEP contempla pasar de un modelo de trabajo completamente presencial a uno híbrido o virtual, siguiendo alternativas que ya funcionan en otras dependencias de la Rama Judicial.
Frente a los cuestionamientos sobre los resultados de la jurisdicción, el nuevo presidente recordó que la JEP no fue la encargada de diseñar el Acuerdo de Paz firmado con las Farc, sino que surgió como una consecuencia de este. En ese sentido, explicó que la labor de los magistrados consiste en cumplir el mandato constitucional relacionado con la aplicación de sanciones especiales. También señaló que las críticas hacia la entidad están relacionadas con las tensiones políticas que dejó el proceso de paz, particularmente después del resultado negativo del plebiscito de 2016, que, según indicó, provocó un quiebre en su legitimidad.
Rojas asumió el liderazgo de la jurisdicción en medio de un escenario de restricciones financieras y debates sobre su funcionamiento, por lo que los ajustes anunciados buscan mantener las actividades institucionales, aunque persisten las preocupaciones por las garantías de seguridad para quienes intervienen en los procesos de justicia transicional.
