El fundamento del pacto constitutivo de 1991 son los derechos de todos y todas sin exclusión alguna. LaNorma de norma por declaración, asegura el disfrute de los derechos fundamentales, sociales, económicos, culturales, ambientales, y por supuesto, los políticos.
El enunciado de los Derechos Humanos hace referencia que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
La anterior declaración aplicada a la ciudadanía Guajira, suscita varias preguntas. Una de ella está relacionada con derechos humanos de las cuatro etnias del territorio peninsular (wayuú, wiwua, kogui y arhuaco) en el contexto de la transición energética y lo que ha ocurrido con ese tema en los proyectos mineros en los últimos treinta años.
La pregunta en concreto que se nos hizo por encargo de la Agencia Nacional de Hidrocarburos fue la siguiente: Desde una visión intercultural, ¿cómo debería darse el relacionamiento entre los principales sectores productivos y los grupos étnicos presentes en el territorio para fomentar la preservación de la identidad cultural de estas comunidades y para dotar de legitimidad local los proyectos renovables en el territorio?
Nosotros respondimos que el relacionamiento Sectores productivos – Etnias debe estar fundamentado en una propuesta en término de un pacto concreto, participativo, transparente; pero, sobre todo, inclusivo que como componente y enfoque étnico sea transversal a todo el proyecto de energías renovables y que se estructure sobre la convicción de un “diálogo de saberes” entre las comunidades y las empresas operadoras de los mismos.
La base del relacionamiento debe partir de reconocer que estos son pueblos originarios y como tal deben ser reconocidos y tratados. No son extraños en su espacio y universo cultural. Los alijunas (no wayuú) deben renunciar a una posición y actitud de dominio y poder neocolonial de avasallamiento a los grupos étnicos y sectores productivos presentes en el territorio, fomentando una relación lo más horizontal posible y comprometida con el respeto a la identidad cultural y los territorios de estos pueblos, así como sus sitios sagrados y cementerios.
La interacción que se genere entre quienes llegan (empresas) y quienes están allí debe estar mediada para el caso de los wayuú por una institución como la de los Palabreros, declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco que tiene un plan de salvaguarda que los operadores de los proyectos de energías eólicas deben respetar, apoyar y utilizar como recursos para resolver conflictos basados en el derecho consuetudinario indígena.
A pesar de que la etnia wayuú está organizada en clanes, existe una Asociación de Palabreros que hace posible una interlocución mucho más estructurada entre las partes. No hay que buscar otros intermediarios a riesgo de comprometer innecesariamente la legitimidad de los nuevos proyectos alternativos.
A partir del 20 de julio de los corrientes, la respuesta anterior está mediatizada, en los próximos cuatro años, por la voz y el voto de la senadora wayuú (Martha Peralta Epiayu), la representante por Circunscripción Internacional (Karen Ramírez Boscán), la participación de Arelis Uriana y de la senadora villanuevera Imelda Daza Cotes, que como víctima del conflicto tiene derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición así como a ser reconocida con una credencial para ocupar una curul en el Congreso de la República, y que concentrará sus esfuerzo para el cumplimiento del Acuerdo de Paz.
