A propósito del progresivo aumento de los niveles de inseguridad en los últimos tres años en todo el territorio colombiano, después de un período de disminución de la violencia que nos venía azotando en los últimos cincuenta años por el conflicto armado interno, una pandemia y de una pregunta que me fue formulada por una firma de consultoría del sector minero, invito a lectores y lectoras a tratar de responderla en la medida que nos afecta a todos por igual, pero con una mayor incidencia a los grupos más vulnerables.
La cuestión se planteó en los siguientes términos: ¿Qué estrategias de articulación entre empresas e instituciones pueden generarse para disminuir la frecuencia de ataques por parte de Grupos Armados Ilegales a los ciudadanos del territorio?
Está demostrado que la sola presencia del aparato militar y policial estatal no es suficiente para combatir la inseguridad. Nosotros consideramos que para concertar las estrategias se debe partir de reconocer la ausencia de Estado en estos territorios y comunidades periféricas, la falta de oportunidades, el desempleo, la corrupción, la crisis socioeconómica en las fronteras colombianas, el hambre, la falta de equidad e inclusión, impunidad, justicia pronta y expedita, fin del conflicto interno, el incumplimiento del acuerdo de paz, y por supuesto, la descoordinación entre empresas e instituciones para disminuir la frecuencia de ataques por parte de Grupos Armados Ilegales a los ciudadanos del territorio, en este caso, guajiro.
La estrategia de articulación debe intentar resolver y colocar en positivo los problemas antes enumerados. De todas maneras, habría que comenzar por más inversión social priorizando a las poblaciones en más alto riesgo social y la ejecución de un plan de desmantelamiento de los Grupos Armados Ilegales e implementación de una política desde el nivel nacional para resolver el problema de las drogas ilícitas. En este punto hay que recordar los efectos adversos que dejo la bonanza marimbera en La Guajira, el Cesar y en el Caribe colombiano.
Para construir capacidades instaladas en alianzas estratégica Empresas – Estado, se debe integrar a ese binomio, la comunidad para queasuma como propia la condición de socio principal de los proyectos de explotación de recursos renovables y no renovables, de forma que este se constituya en fuente de desarrollo social para las poblaciones de su área de influencia, y en general, de La Guajira.
En una perspectiva más general de Nación, departamentos, distritos y municipios, y en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) que Colombia ayudó a formular y suscribió con 193 Estados miembros de Naciones Unidas para cumplir en 2030, se debe transformar el enfoque de la seguridad nacional para transitara una seguridad ciudadana basada en la igualdad, la convivencia comunitaria, la reconciliación, la resolución de los conflictos en forma civilizada, el cuidado de la vida, la naturaleza, amplios programas de cultura ciudadana y la protección de la soberanía nacional como lo establece la Constitución Nacional de 1991.
Se deben instalar y fortalecer las Mesas Territoriales de Garantías como espacio de interlocución permanente entre sociedad civil y autoridades, y de seguimiento a las organizaciones y conductas objeto del Decreto-Ley 154 de 2017 (Comisión Nacional de Garantías de Seguridad).
Además, es fundamental crear el Programa Integral de Seguridad Ciudadana para las comunidades y las organizaciones sociales en los territorios, basadas en estrategias de diálogo intercultural, que posibiliten el mutuo reconocimiento de la diferencia y legitimidad para garantizar protección efectiva de los grupos originarios colombianos (indígenas, afrocolombianos, raizales, campesinos, artesanos y colonos).
La institucionalidad nacional y territorial debe brindar todas las garantías para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, a la movilización y la protesta social pacífica, a defender los derechos, en particular, los fundamentales (A la vida), los territoriales, ambientales, socioeconómicos, el acceso a la información pública, la libertad de prensa, y en general, al conjunto de derechos humanos individuales y colectivos.
De ese tamaño son los retos para caminar hacia el fin del conflicto, garantizar la seguridad y la sana convivencia ciudadana.
