Cuando un país tiembla, la primera obligación es salvar vidas. En Venezuela, después de estos terremotos devastadores, no hay argumento político, ideológico ni académico que pueda estar por encima de sacar personas de los escombros. El rescate viene primero. Pero una tragedia de esta magnitud también obliga a preguntar qué significa políticamente para el Estado venezolano.
Ayer, leyendo ‘Cien años de soledad’, pensé en Macondo y en el estado de conmoción declarado por el Gobierno conservador frente a la resistencia liberal. En Macondo, esa medida se materializó a través de don Apolinar Moscote, el corregidor enviado por el Gobierno. Bajo el lenguaje del orden y de la emergencia, la crisis se volvió una oportunidad para ocupar el pueblo de Macondo, militarizar la vida cotidiana, consolidar el control social y convertir la oposición política en amenaza pública.
La consolidación de poder estatal y legitimidad política en momentos de crisis no solo se ve en la literatura. La antropóloga venezolana Paula Vásquez y el antropólogo francés Didier Fassin analizaron precisamente esta relación entre catástrofe y poder político en su estudio sobre la ‘Tragedia de Vargas de 1999’. Aquel desastre en Venezuela fue una cadena de lluvias torrenciales, deslaves e inundaciones que arrasaron comunidades enteras en el entonces estado Vargas, hoy La Guaira, justamente el estado venezolano más golpeado por los terremotos actuales. Reportes humanitarios de la época hablaron de hasta 30.000 muertos, 330.000 personas afectadas y 250.000 sin vivienda. Además, Vargas ocurrió el mismo día en que Venezuela votaba una nueva Constitución. La tragedia natural se volvió evento político.
Vásquez y Fassin muestran que, tras la tragedia, el Gobierno declaró la emergencia y militarizó las zonas afectadas. En medio del desastre, esa presencia militar fue presentada como rescate, orden y protección. Chávez caminaba entre los escombros, abrazaba a los damnificados y encarnaba la figura del jefe que acompaña al pueblo en su sufrimiento. La respuesta humanitaria no solo atendía a las víctimas. También producía una imagen del Estado como cercano, necesario y compasivo. Allí radicaba el riesgo: la ayuda podía salvar vidas, pero también podía convertir el dolor colectivo en legitimidad política.
La advertencia de Vásquez y Fassin es que la emergencia no solo suspende la normalidad, sino que también puede reorganizar el poder. En 1999, el dolor de los damnificados en Vargas permitió que la militarización pareciera cuidado, que el control territorial pareciera protección y que la figura de Chávez se fortaleciera como presencia compasiva frente al desastre. El riesgo de toda tragedia es que la necesidad real de rescatar y proteger termine convertida en una autorización para mandar sin controles, ocupar territorios y exigir silencio en nombre de las víctimas.
Es un riesgo real que existe en todo el mundo. Después de catástrofes, atentados, pandemias o guerras, muchos gobiernos han usado la emergencia para ampliar poderes, militarizar territorios, restringir información y desactivar críticas. No es una tendencia exclusiva de Macondo ni de Venezuela, pero en Venezuela el peligro es particular. El Estado que hoy pretende organizar el rescate es el mismo que destruyó instituciones, abandonó la infraestructura pública, desvió miles de millones de dólares en corrupción, persiguió opositores y usó cuerpos estatales, militares y de inteligencia para cometer crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo. No podemos permitir que aproveche esta emergencia y la coyuntura política actual para disfrazarse de Estado compasivo, eficiente y merecedor de empatía, como si la tragedia borrara su responsabilidad histórica.
La responsabilidad del Estado venezolano, que ahora quiere poner la cara frente a la emergencia, no se mide solo en hospitales colapsados o instituciones destruidas. También se mide en familias que no pueden reunirse ni siquiera para buscar a sus muertos. Solo en estos últimos días he escuchado historias de venezolanos que no han podido viajar a buscar—y en algunos casos enterrar—a sus familiares porque tienen el pasaporte vencido, porque la embajada venezolana en su país está cerrada, porque los pasajes de regreso son imposibles de pagar o porque sus trabajos precarios como migrantes no les permiten ausentarse ni siquiera para hacer duelo.
Advierto sobre el posible aprovechamiento de esta crisis porque, en mi investigación como antropólogo político, he visto cómo ciertos gestos del Estado venezolano pueden cambiar, poco a poco, la percepción del régimen. En los últimos años, antes de su captura en enero de 2026, Nicolás Maduro habló con frecuencia del mercado negro del dólar en Venezuela, el llamado ‘dólar paralelo’, cuyo precio era más alto que la tasa oficialdel Banco Central de Venezuela y encarecía la vida cotidiana. Para mis interlocutores, esa diferencia no era una abstracción económica, sino el precio de la comida, de las medicinas, del transporte y de los insumos para sus emprendimientos. Cuando Maduro declaró su ‘guerra’ contra el dólar paralelo y prometió imponer la tasa oficial, una participante me dijo que, a pesar de todo, se sentía agradecida con él porque el precio del dólar era un problema real que la golpeaba todos los días.
En otra ocasión, otra interlocutora venezolana me dijo: “no soy madurista, pero si nos saca de esta crisis económica, se puede quedar”. Esa frase no reflejaba necesariamente olvido ni apoyo ideológico. Reflejaba cansancio, vulnerabilidad y la necesidad urgente de alivio. Cuando un Gobierno produce una crisis y luego administra una pequeña salida, muchas personas pueden terminar agradeciendo el alivio sin poder nombrar plenamente la responsabilidad original.
Ese es el peligro ahora con Delcy Rodríguez y su Gobierno. No creo que la gente vaya a amarla de un día para otro, pero el riesgo es más lento. Poco a poco, entre discursos de reconstrucción, decisiones administrativas, imágenes de mando y una necesidad desesperada de estabilidad, puede empezar a verse como una figura razonable, compasiva o incluso necesaria.
