La noticia cayó como un dardo fulminante. El presidente electo Abelardo De la Espriella, firmará el 8 de agosto en la Alta Guajira, el Decreto donde revocará las 22 ETI, creadas por el Gobierno de Gustavo Petro. En La Guajira, comenzó a operar la primera, manejada por el líder Armando Valbuena Wouriyu.
El hecho no corresponderá a una simple decisión administrativa. Lo que está en juego es la interpretación de la Constitución, el alcance de las facultades del Ejecutivo y la relación del Estado con los pueblos indígenas.
La controversia nace porque el Gobierno saliente, amparado en el Decreto 482 de 2025, decidió reglamentar las ETI argumentando que el Congreso había incumplido durante más de tres décadas el mandato constitucional de desarrollar esta figura prevista desde 1991. Con esa tesis se crearon 22 entidades que abarcan cerca de 17 millones de hectáreas del territorio nacional y que, además, cuentan con capacidad de Administración y acceso a recursos públicos.
Sin embargo, el nuevo Gobierno sostiene que el Ejecutivo excedió sus competencias y que una transformación territorial de semejante magnitud solo podía hacerse mediante una Ley expedida por el Congreso
Nuestro Departamento se convirtió en el símbolo de esta controversia. Varios corregimientos del municipio de Uribia, pasaron a ser el territorio indígena Wuinpumüin, con más de 257.000 hectáreas. La polémica aumentó porque alrededor de esta entidad aparecen nombres vinculados al impulso de la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente promovida por el Gobierno Petro. Esa coincidencia alimentó cuestionamientos políticos que hoy sirven de argumento para quienes consideran que las ETI fueron utilizadas con fines distintos a los estrictamente territoriales.
Pero el debate no puede reducirse a nombres propios ni a disputas partidistas. Colombia tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas y es evidente que la Constitución ordenó reconocer formas propias de Gobierno territorial. Lo que corresponde establecer es si el procedimiento utilizado respetó el orden constitucional o si, por el contrario, vulneró la separación de poderes.
En el territorio guajiro existe inconformidad por el tema. Especialmente, en el municipio de Uribia, que se fraccionó. Se han registrado discusiones por la prestación de algunos servicios, especialmente los correspondiente a la atención de la niñez.
La decisión anunciada por De la Espriella seguramente encontrará respaldo entre quienes consideran que el Gobierno saliente desbordó sus funciones. Pero también provocará resistencia de las comunidades indígenas que ven en estas entidades un reconocimiento legítimo de sus derechos ancestrales.
Por eso, más que un acto político, la revocatoria deberá sustentarse con absoluta solidez jurídica. Un Decreto difícilmente pondrá punto final a una discusión de semejante dimensión constitucional. Todo indica que el verdadero desenlace se escribirá en los estrados judiciales.
