¡Qué tristeza! El pasado 21 de junio, terminaron las campañas presidenciales más intensas y polarizadas de los últimos tiempos. Pensábamos que, una vez elegido Abelardo De la Espriella como nuevo presidente de la República, el país comenzaría a transitar el camino de la reconciliación democrática. Nos equivocamos.
Colombia sigue dividida entre quienes insisten en prolongar la campaña y quienes esperan que, por fin, llegue el momento de gobernar pensando en el interés nacional.
Las recientes declaraciones del senador Iván Cepeda, convocando a una desobediencia civil, y el respaldo expresado por el presidente Gustavo Petro a las movilizaciones, vuelven a sembrar incertidumbre en un país que ya ha soportado suficientes episodios de confrontación. Las diferencias son legítimas en democracia, pero llamar a desconocer o tensionar el orden institucional nunca debería convertirse en la primera opción.
Uno de los argumentos que hoy ocupa el debate es la doble nacionalidad del presidente electo. Será la Constitución, las leyes y las autoridades competentes las que determinen si existe o no algún impedimento jurídico. No la presión de las calles, ni las consignas, ni las redes sociales.
Resulta difícil comprender que un aspecto similar no hubiera generado la misma controversia durante el Gobierno del presidente Petro. Más allá de las diferencias ideológicas, la oposición de entonces ejerció el control político desde el Congreso, presentó demandas cuando las consideró necesarias y acudió a las instituciones. Esa es precisamente la esencia de una democracia madura: aceptar las reglas del juego y hacer valer los desacuerdos por los canales constitucionales.
Quien ganó las elecciones tendrá que responder por sus decisiones ante la historia, las instituciones y los ciudadanos. Si gobierna bien, deberá reconocerse. Si gobierna mal, la democracia dispone de mecanismos para ejercer oposición y control. Así funciona una República.
Lo verdaderamente preocupante es que algunos sectores parezcan no aceptar el resultado de las urnas cuando este les es adverso. La legitimidad de una democracia no puede depender de quién resulte vencedor. Si ayer se exigía respeto por la voluntad popular, hoy ese mismo principio debe aplicarse con idéntica firmeza.
Colombia no necesita más trincheras políticas. Necesita dirigentes capaces de desarmar el lenguaje, de reducir las tensiones y de pensar en las próximas generaciones, no en la próxima confrontación.
La historia demuestra que ninguna nación progresa cuando sus dirigentes convierten la confrontación en una forma de Gobierno. Colombia ya pagó un precio demasiado alto por la división. Seguir por ese camino sería insistir en los errores del pasado, privar a las regiones pobres y abandonadas, donde el hambre cabalga llevando muerte a las familias pobres de zonas como La Guajira y el resto de la periferia de este país.
