En el Congreso de la República retumba el eco de una denuncia del senador José David Name Cardozo. Es algo que en Bogotá muchos sabían. En el Caribe apenas nos imaginábamos que muchas barbaridades se vienen haciendo para mantener una eterna condena tarifaria aplicada a los servicios públicos que pagamos en estas zonas tropicales del país, que nos han conllevado a no ser competitivos para la instalación de inversionistas en este territorio.
Name Cardozo denunció que los generadores hidráulicos, han recibido más de 62 billones de pesos por cargo de confiabilidad, recursos creados para nuevos proyectos, pero que extrañamente lo reciben los grandes generadores del país.
Pero, lo más grave, fue que los acusó de manipular la bolsa y el valor del kilovatio de energía, especialmente el que se les venden a los operadores del Caribe. Grave y triste verdad, que merece ser ampliada ante los órganos de control del país.
Lo anterior es una verdad que todos conocen, disfrutan, le sacan prebendas, pero nadie se atreve a frenar ese diabólico y macabro sistema que tiene al bordo del colapso la frágil economía de una región como el Caribe.
“Los operadores hidráulicos también tienen parte de la responsabilidad en la subida de tarifas de energía: con control sobre el valor del kW/h y más de 62 billones de pesos en cargo por confiabilidad, además de utilidades que superan los 13 billones de pesos. Si no se considera a los más pobres y las tarifas de energía en general, como legisladores tendremos que tomar medidas”.
Senadores, ya ustedes en el pasado amenazaron con acabar a los operadores del grupo Fenosa, crearon dos nuevas empresas: Afinia y Air-e, pero fue peor el remedio que la enfermedad.
Según las denuncias del senador Name, en Colombia se les paga a los generadores de energía para que cumplan con su deber. 62 billones a los grandes generadores, que pueden servir para crear empresas de energías fotovoltaica en el Caribe, con lo cual se abarataría el valor del kilovatio/hora.
En Valledupar se reunieron los frentes de usuarios del Magdalena, Cesar y La Guajira, determinando nuevos encuentros para definir la hora cero de un paro cívico en el Caribe. Eso no soluciona el problema, pero al menos presionaría al Gobierno a darle una solución sostenible a la problemática de los servicios a casi 10 millones de habitantes.
El paro no es la solución, pero sí un medio de presión para que, de una vez por todas, se frene el juego malvado que tienen con los usuarios de todos los servicios fundamentales que se prestan en esta sufrida región, que nos resta competitividad con las otras zonas del país.
