Da la impresión que en La Guajira existieran enemigos ocultos que intentan mantener la región en el caos total y absoluto. Afrontamos una crisis social que ha desatado una ola de protestas con bloqueos a carreteras, establecimientos del Estado, intimidaciones que parecen haber llegado a su punto álgido, que demandan una acción urgente por parte del Gobierno nacional.
El último duro golpe fue el ataque a un convoy del ferrocarril de la empresa Cerrejón, a la altura del kilómetro 82 entre La Mina y Puerto Bolívar, afortunadamente no hubo pérdidas humanas, solo daños materiales.
Es bueno decir que la locomotora como casi un centenar de vagones, se encuentra parada debido a que a la altura de Uribia, operadores que prestan servicios al Icbf mantienen un bloqueo que ya cumple 7 días.
Da la impresión que en la península vamos a terminar el año 2024 con más de 600 bloqueos, una cifra que estamos seguros será un récord.
Uno de los detonantes principales de las recientes protestas ha sido la crisis de acceso al agua potable, un problema histórico que afecta especialmente a las comunidades indígenas wayuú. Esta población ha sido víctima de una combinación letal de sequías prolongadas, mala gestión de recursos hídricos y negligencia estatal, lo que ha resultado en altos índices de desnutrición y mortalidad infantil. La falta de agua no solo compromete la salud y el bienestar de las comunidades, sino también perpetúa un ciclo de pobreza que parece no tener fin.
Extrañamente el subsuelo guajiro hace millonarios aportes al PIB del país, pero lamentablemente no existe una coherencia entre mayores aportes con el bienestar social de sus pobladores. Vivimos en el Departamento con uno de los más altos índice de pobreza monetaria, una alta tasa de desempleo. Mientras las multinacionales extraen recursos como carbón y gas, las comunidades locales siguen viviendo en condiciones de precariedad extrema.
En este contexto, las protestas parecen representar un grito de auxilio colectivo. Las comunidades exigen soluciones concretas y sostenibles, como acceso a servicios básicos, educación de calidad y oportunidades económicas reales. Las respuestas gubernamentales han sido insuficientes, y lo único que se entrega son medidas paliativas que no abordan las causas estructurales del conflicto.
De la responsabilidad de esta grave crisis social no se escapan los gobiernos de los últimos 50 años, casi que paradójicamente coinciden con el inició de las explotaciones de recursos como gas y carbón.
Parece que además de los que el Gobierno central nos ha venido quitando, también inciden la falta de verdaderas políticas de planificación para invertir muchos de los dineros que se destinan a obras por regalías, muchas de ellas convertidas en simples elefantes blancos, o monumentos al despilfarro, que no han permitido una inversión real para esta deprimida región colombiana.
