Colombia después de ser uno de los países con el mejor privilegio hídrico del mundo, hoy presenta una crisis que ha obligado a encender las alarmas, especialmente en la ciudad de Bogotá, en donde según los expertos, solo tendría suficiente líquido para abastecer a su población hasta el mes de marzo de 2025.
La situación es tan grave, que ríos majestuosos se han secado, como el Amazonas y Putumayo, cuyos efectos colaterales han afectado el sistema de cordilleras colombianas, entre ellas, la Oriental, donde tiene su asiento la capital del país.
En los últimos 30 años la masa glaciar colombiana se redujo en un 56%. El mal uso de los recursos naturales han alterado los factores que más afectan las fuentes hídricas de agua.
Frente a este tema el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –Cajar – una Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, defensora de Derechos Humanos en Colombia, acaba de presentar en el marco de la COP16 en la ciudad de Cali, una denuncia ante la Comisión Accidental del Agua del Congreso de la República, subrayando la profunda inequidad en el acceso al agua en Colombia y la necesidad urgente de reformar la gobernanza hídrica para garantizar el derecho humano al agua, proteger la biodiversidad y contribuir a la paz.
Yessika Hoyos, presidenta del Cajar, habló con el Noticiero Cardenal, en donde hizo énfasis sobre cómo la crisis hídrica actual se agrava por decisiones políticas y corporativas que priorizan el beneficio económico sobre el bienestar de las comunidades y el equilibrio ambiental.
El índice Gini de distribución del agua en Colombia es alarmante, alcanzando un 0.90, superando incluso la inequidad en la distribución de la tierra. Esto se nota con mayor énfasis, en las regiones periféricas del país, especialmente La Guajira, en donde los habitantes del desierto peninsular no tienen acceso al agua potable, presentándose altas tasas de desnutrición y muertes por enfermedades diarreicas.
Paradójicamente en las zonas rurales, la inequidad supera el 70%, en donde los pequeños usuarios rurales no tienen acceso a concesiones de agua, mientras que las grandes corporaciones continúan acaparando este recurso a tarifas extremadamente bajas.
Propuso implementar integralmente el Acuerdo de Escazú y regular la captura masiva de agua que realizan grandes industrias.
Señala a la industria de las bebidas y productos ultraprocesados con los conflictos por el agua. Estas industrias no solo contribuyen a la escasez hídrica, sino que también promueven un modelo de consumo que perjudica tanto a las personas como al medio ambiente. «Según el Pnud, la producción de una sola hamburguesa demanda alrededor de 11.000 litros de agua, mientras que miles de colombianos no tienen acceso a los mínimos vitales de agua», alertó la presidenta del Cajar.
En La Guajira aún contamos con aguas superficiales, oceánicas, subterráneas, y los embalses, que debemos preservar como un tesoro valioso.
