Los tiempos para la Ungrd, pero en especial para su actual director, Carlos Carrillo, no son los mejores. Las Autoridades Tradicionales Wayuú, radicaron un documento para que se sume a las denuncias que por corrupción se adelantan en todo el país.
Pero, además, a Carrillo el hombre de las ‘barbas’, un grupo de dirigentes le preparan un documento en donde proyectan declararlo persona no grata en este territorio, al considerar que le ha venido incumpliendo a esta región, evadiendo muchos compromisos, dedicando solo su tiempo a denunciar, descuidando totalmente la crisis que viven las comunidades de La Guajira.
A Carrillo se le censura, porque no ha tomado una decisión con las millonarias deudas que fueron contraídas a través de contratos para ejecutar obras y prestar servicios, como las famosas ‘ollas’ comunitarias, la construcción de 1.462 jagüeyes, suministro de agua, y darles otra destinación a los 40 camiones adquiridos para mitigar la sede de las comunidades indígenas de los municipios de Uribia, Maicao, Manaure y Riohacha.
Para hoy viernes, los propietarios de carrotanques particulares que suplieron las funciones de suministrar agua potable a los wayuú, durante la pasada temporada de sequía, realizarán un plantón y bloqueos en las carreteras del norte del Departamento.
A los camiones que hicieron en papel de ‘bateadores de emergencia’ se les adeuda unos 13 mil millones de pesos, mediante órdenes de servicios que fueron entregadas a cinco empresas y cooperativas de los municipios afectados por la intensa sequía.
Ahora las Autoridades Tradicionales Wayuú, reunidas en las últimas horas, determinaron exigir al Estado reparación a las comunidades afectadas por los actos de corrupción cometidos por la Ungrd en este Departamento.
El tema ha sido analizado por las comunidades afectadas, consultados con expertos juristas y avalado por el Consejo de Ancianos y Sabedores del Movimiento Indígena Nación Wayuú y más de 600 autoridades tradicionales.
Para los wayuú la Ungrd, en su momento dirigida por Olmedo López, jugó con la sed de las comunidades indígenas que habitan el territorio guajiro y que históricamente han visto morir a sus niños por la falta de agua potable.
“Lo que era una esperanza para el pueblo wayuú, se convirtió en una deshonra, ya que el Gobierno nacional faltó a su palabra que es tan importante para esta etnia, situación que llevó a las autoridades tradicionales a tomar acciones legales para que el Estado cumpla con lo que le corresponde” dice el documento elevado a los jueces y organismos que adelantan las investigaciones.
Hoy las comunidades se quedaron sin camiones, sin agua potable, sin plantas potabilizadoras, sin terminación de la totalidad de los jagüeyes, y lo que es peor, bajo la mirada acusadora de las autoridades que los estigmatizan y satanizan sin haber sido parte del gran negociado.