La minería colombiana atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. Esa es una de las primeras conclusiones que se desprenden del conversatorio que sostuvieron los gremios de La Guajira, con el presidente de la Asociación Colombiana de Minería, en la ciudad de Riohacha a mediados de esta semana.
Más allá de los discursos ideológicos y de las posturas políticas encontradas, lo que hoy está en juego no es solamente el modelo energético del país, sino la estabilidad económica de regiones enteras que dependen de esta actividad para sostener empleo, inversión social y desarrollo territorial.
Los recientes planteamientos expuestos por Juan Camilo Nariño, durante el encuentro de Riohacha, han puesto sobre la mesa una realidad que el país no puede ignorar: Colombia enfrenta un proceso de transición energética sin hoja de ruta clara, sin garantías suficientes para los trabajadores y sin una estrategia concreta que permita reemplazar, de manera gradual y sostenible, los ingresos que hoy genera el sector carbonífero.
La decisión del presidente Gustavo Petro de prohibir la exportación de carbón a Israel, más allá de su carga política y diplomática, envía un mensaje preocupante a los mercados internacionales. Colombia aparece cada vez más como un país donde las reglas del juego pueden modificarse por decisiones coyunturales, sin evaluar de manera integral sus consecuencias económicas, jurídicas y sociales.
En departamentos como La Guajira y Cesar, donde históricamente la minería ha sido motor económico, las señales de incertidumbre se traducen en angustia real para miles de familias.
En La Guajira, Cerrejón sigue siendo uno de los principales generadores de empleo formal. Más de 12 mil trabajadores directos e indirectos dependen de su operación. Cada restricción, cada anuncio ambiguo y cada señal de desmonte acelerado impacta directamente la confianza empresarial y, por supuesto, la tranquilidad laboral de quienes sostienen con su trabajo esta industria.
La experiencia de Prodeco en el Cesar debería servir como advertencia. El cierre progresivo de sus operaciones dejó profundas cicatrices económicas y sociales: desempleo, reducción de ingresos municipales, caída en regalías y una preocupante contracción de la dinámica comercial en municipios que durante años giraron alrededor de la actividad minera. La promesa de reconversión productiva aún no muestra resultados concretos.
Lo verdaderamente preocupante es que el país parece avanzar hacia el desmonte del carbón sin haber construido alternativas sólidas. La transición energética no puede convertirse en sinónimo de destrucción económica. Debe ser un proceso técnico, responsable y concertado.
Cerrar minas sin abrir oportunidades no es transición, es improvisación. Y esa improvisación la terminan pagando como siempre, las regiones más vulnerables y los trabajadores que hoy en su día saldrán a marchar, deberán meditar sobre estas medidas de cierres mineros, sin tener verdaderas alternativas que no generen una apocalipsis laboral.
