Colombia amaneció ayer con una espelúznante cifra: 19 muertes en 26 atentados, ejecutados en 48 horas, una muestra clara y contundente que en Colombia, la paz se volvió discurso, y las soluciones se plantean con pañitos de agua tibia, para ganar premios internacionales y montar gobiernos.
Bajo este oscuro panorama, brotan incómodas preguntas, que se esquivan con discursos oficiales y se diluyen en las redes sociales, pero regresan con fuerza cada vez que el país amanece sacudido por explosiones y ataques armados o noticias de violencia en cadena.
Durante años, el Estado ha optado por nombrar a los responsables con etiquetas fragmentadas ‘terroristas’, ‘narcotraficantes’, ‘bandas criminales’. Sin embargo, en muchas regiones es un secreto a voces que detrás de buena parte de la violencia están estructuras armadas organizadas, herederas o disidencias de antiguos grupos guerrilleros. La ambigüedad en el lenguaje no es inocente: evita asumir una realidad compleja que exige decisiones de fondo. Porque no se trata solo de identificar a los actores, sino de definir una estrategia coherente frente a ellos.
En la Colombia profunda, la que rara vez ocupa los titulares nacionales, hay territorios prácticamente bloqueados por grupos armados ilegales. Comunidades enteras viven bajo control, con movilidad restringida, economías condicionadas y una presencia estatal débil o inexistente. Allí, la paz sigue siendo una promesa lejana. Mientras tanto, en el centro del país, la violencia muta: atracos con armas largas, ataques a establecimientos comerciales, universidades que suspenden clases por amenazas. La sensación de inseguridad deja de ser percepción para convertirse en experiencia cotidiana.
Frente a este panorama, el debate político parece girar en círculos estériles. Se intercambian culpas entre gobiernos pasados y presentes, entre derecha e izquierda, sin que se construya un consenso mínimo sobre cómo enfrentar la crisis. El país sigue atrapado en una narrativa de confrontación ideológica que, lejos de ofrecer soluciones, profundiza la polarización. Y en medio de esa disputa, la ciudadanía queda relegada a un segundo plano.
Colombia ya vivió una guerra no declarada durante décadas. Negarlo hoy, o disfrazarlo con eufemismos, solo contribuye a prolongar la incertidumbre. Reconocer la gravedad del momento no implica renunciar a la paz; por el contrario, es el primer paso para construirla con seriedad. La paz no puede ser un discurso mientras en los territorios se impone la Ley del fusil.
El país necesita algo más que diagnósticos repetidos o señalamientos cruzados. Requiere decisiones firmes, presencia institucional real en las regiones y una política de seguridad que no esté subordinada a cálculos políticos. Pero también demanda responsabilidad colectiva: entender que la violencia no se resuelve desde trincheras ideológicas.
La pregunta sigue abierta: ¿estamos en guerra? Tal vez la respuesta no esté en las declaraciones oficiales, sino en la vida diaria de millones de colombianos que, lejos de los micrófonos, ya sienten que nunca dejó de estarlo.