Un día, el presidente Gustavo Petro, nos ofreció la idea de traer gas natural desde Panamá, utilizando la infraestructura eléctrica. Como era lógico, se generó una polémica. No existen redes que intercomuniquen a los dos países, y los vecinos no tienen ese combustible disponible para vender.
Ahora, en medio de la urgencia por garantizar el abastecimiento energético, el Gobierno vuelve a poner sobre la mesa la importación de gas desde Venezuela. La propuesta se vende como una solución cercana, viable y casi inmediata. Pero, al contrastarla con la realidad técnica y los antecedentes del proyecto, empieza a tomar forma una inquietante conclusión: estamos ante una burbuja sin aire.
Las declaraciones de Sarah Moya Machado, exgerente de Pdvsa Gas Natural Colombia, no son un simple pronunciamiento aislado. Son, más bien, un recordatorio incómodo de lo que no se ha hecho. Según advierte, no existe hoy la infraestructura necesaria para transportar el gas desde el oriente venezolano hasta Maracaibo, paso previo para cualquier conexión con Colombia. Es decir, la supuesta solución ni siquiera tiene un punto de partida operativo.
A esto se suma un segundo obstáculo: el gasoducto Antonio Ricaurte, que durante años fue presentado como símbolo de integración energética, hoy es más un monumento al abandono que una herramienta funcional. Del lado colombiano requiere reparaciones, y del lado venezolano, inversiones que no aparecen en el horizonte inmediato. Hablar de importación en estas condiciones es, en el mejor de los casos, apresurado; en el peor, irresponsable.
Pero hay un elemento aún más delicado: la memoria. La relación energética con Venezuela ya dejó un historial de deudas, incumplimientos y obras inconclusas que todavía generan incertidumbre. La reaparición de Moya no solo revive la discusión técnica, sino también la pregunta sobre la confianza. ¿Qué ha cambiado realmente para pensar que esta vez será distinto?
La Guajira, nuevamente, queda en el centro de esa narrativa. Durante años se le prometió desarrollo energético, inversiones y estabilidad en el servicio. Hoy, frente a un proyecto que aún no supera su fase conceptual, el riesgo es repetir la historia: expectativas altas, resultados inciertos.
Nadie discute que Colombia necesita diversificar sus fuentes de gas. Tampoco que la integración regional puede ser una alternativa válida. Lo que sí resulta cuestionable es presentar como inminente una solución que requiere, en realidad, reconstruir infraestructura, resolver conflictos financieros y garantizar condiciones políticas estables en dos países.
Una burbuja puede verse sólida desde lejos, incluso atractiva. Pero si no tiene aire suficiente, no se eleva: estalla. En materia energética, el costo de ese estallido no es retórico; se mide en tarifas, en confiabilidad del servicio y en la credibilidad de las instituciones.
El país no necesita anuncios que inflen expectativas. Necesita certezas. Y hoy, el gas desde Venezuela está lejos de ser una de ellas.