En medio de las elecciones a la Presidencia de la República se agudiza la guerra en Colombia.
Los recientes hechos en el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca donde murieron 21 personas, la explosión de un carro bomba en una base militar en Cali, y al menos 26 ataques en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca, nos muestran las acciones de los terroristas que termina atentando contra la población civil.
A esa situación no escapa el departamento de La Guajira, sacudido por la presencia de grupos irregulares que con sus acciones vandálicas causan temor en la población. A ello se suman los secuestros y las extorsiones.
La Policía Nacional y el Ejército realizan todos los esfuerzos posibles por neutralizar a los violentos, quienes en cada accionar muestran más capacidad operativa para seguir demostrando el control que ejercen en el país.
Mientras, la población civil, que es la más afectada, se mueve en los territorios en medio de la incertidumbre intentando seguir con las labores del día a día.
La fotografía es más que diciente porque las acciones terroristas no se detienen, al tiempo que los candidatos presidenciales recorren el país en medio de un esquema de seguridad para neutralizar cualquier tipo de atentado.
Las cifras de la Defensoría del Pueblo muestran el grado de violencia que se vive en el país, cuando entre enero y junio de 2025, la Defensoría del Pueblo ha documentado 89 asesinatos de líderes y lideresas sociales, 25 homicidios de personas firmantes de paz y 34 masacres que han dejado un saldo de 116 víctimas fatales.
Esas cifras se suman a la dramática estadística que registra la entidad desde la implementación del Acuerdo de Paz: entre enero de 2016 y el 30 de junio de 2025, se han documentado 1.577 asesinatos de líderes y lideresas sociales en todo el territorio nacional.
Los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca concentran la mayor parte de estos hechos victimizantes, lo que evidencia la persistencia de dinámicas de violencia en territorios estratégicos donde confluyen diversos intereses económicos, políticos y criminales.
Las redes sociales también son protagonistas en esta guerra que vive Colombia, en donde es frecuente observar en ciertas plataformas cómo se utilizan para el reclutamiento forzado, especialmente de menores.
Los colombianos esperan un alto al fuego, para seguir trabajando desde los territorios y aportando al crecimiento económico del país que se debe traducir en un mejor vivir de la población.