La Guajira tiene el gas suficiente en sus plataformas continental y marina, extrañamente Colombia se encuentra ad portas de una crisis energética, en donde se hace indispensables hacer uso de sus potenciales gasíferos.
Paradójicamente Colombia y Venezuela, suspendieron, sin mayores explicaciones el convenio que permitió la construcción del gasoducto Antonio Ricaurte. El país necesita gas para hogares, industrias y generación eléctrica, el combustible nacional resulta insuficiente y obliga a recurrir a importaciones de gas natural licuado, más costosas y expuestas a las condiciones del mercado internacional.
Por eso, el Gobierno de Abelardo De la Espriella tiene la obligación de mirar nuevamente hacia Venezuela y, con pragmatismo, reactivar el convenio que permitió utilizar el gasoducto binacional Antonio Ricaurte. No se trata de una concesión política ni de un acto de simpatía hacia el gobierno venezolano. Se trata de defender el interés energético de Colombia.
El gasoducto, de unos 224 kilómetros y con capacidad cercana a 500 millones de pies cúbicos diarios, fue construido para conectar los sistemas gasíferos de ambos países. Colombia ya tiene experiencia con esta infraestructura y existe un antecedente contractual entre Ecopetrol y Pdvsa que debe ser revisado para determinar qué obligaciones permanecen vigentes y cuáles deben actualizarse. Incluso, en marzo de 2026, ambos países acordaron avanzar en la reparación de un tramo deteriorado para recuperar la conexión.
La reactivación del Antonio Ricaurte no resolvería por sí sola el problema, pero sí podría diversificar el abastecimiento y reducir la dependencia de cargamentos internacionales.
Aquí cobra importancia lo expresado por Sarath Moya, exgerente de Pdvsa Colombia, quien sostiene que Venezuela mantiene compromisos pendientes derivados del acuerdo y que corresponde ahora al vecino país avanzar en su cumplimiento. Sus afirmaciones deben ser verificadas por las autoridades competentes, pero constituyen un argumento para abrir una mesa técnica y jurídica.
Nuestra propuesta: que el presidente Abelardo De la Espriella y la presidenta (e) Delcy Rodríguez impulsen, por las vías diplomáticas correspondientes, una comisión binacional que revise el convenio, establezca las obligaciones pendientes, determine las inversiones necesarias para recuperar el gasoducto y defina un esquema de suministro con precios, volúmenes, garantías de pago y mecanismos de cumplimiento transparentes.
Colombia no puede depender exclusivamente de un mercado internacional mientras tiene, al otro lado de la frontera, una infraestructura diseñada para transportar gas.
Eso sí: el acuerdo debe blindarse contra improvisaciones, corrupción y riesgos geopolíticos. Debe existir supervisión de Ecopetrol, reglas claras, auditoría independiente y garantías de continuidad.
Revivir el Antonio Ricaurte no significa abandonar la exploración y producción nacional. Significa utilizar todas las alternativas disponibles para garantizar seguridad energética.
El país necesita gas. Venezuela tiene reservas. El gasoducto existe. Entonces, ¿por qué seguir esperando?
