Vivimos tiempos aciagos. Algunas regiones de Colombia, se encuentran atrapadas por una guerra no oficializada. En otras, las cifras de pobreza se están acelerando, pese a que su territorio encierra grandes riquezas otorgadas por la madre naturaleza.
El país presenta un cuadro de inseguridad social, jurídica y de violencia callejera, que pone en peligro la inversión económica del sector privado y del mismo Estado.
Dentro de este cuadro, La Guajira registra, quizás, los guarismos más negativos que periódicamente nos suministran entidades oficiales como el Dane y otras particulares, en donde las estadísticas están aceleradas y nos llevan a un abismo, que nos puede catapultar a todos.
La última gran estocada es la determinación asumida por la empresa Air-e, dueña del monopolio de la comercialización de la energía eléctrica a tres regiones a las cuales las acaba de colocar frente a la espada y la pared.
Es tan grave el tema que este territorio es considerado como la zona con mejores componentes para ejecutar los proyectos de energías alternativas, que serían una verdadera tabla para frenar los elevados costos de las tarifas que nos fijan sin ningún escrúpulo los miembros de la Creg que laboran en las frías oficinas de Bogotá, sin conocer la realidad nacional.
Lamentablemente, las condiciones que presenta nuestro territorio no ha permitido que ningún proyecto pueda entrar en funcionamiento hasta el momento.
La única gran empresa que genera empleos en este departamento es Cerrejón, que a mediados de los 80, nació como Asociación Carbocol – Intercor, pero que después fue cambiando de dueños, para manejar una explotación cuyo futuro se encuentra subjudice, bajo el nuevo esquema minero que tiene el gobierno de Gustavo Petro, que no quiere más procesos extractivos, especialmente los estigmatizados combustibles fósiles.
El carbón es el único producto que nos mueve el PIB, pero su extracción y transporte se encuentra paralizado desde hace una semana. Las comunidades indígenas han bloqueado la red férrea. Reclaman la realización de consultas previas que debieron hacerse hace años, cuando se inició el negocio del carbón.
Cerrejón asegura que de las 427 propuesta a instancia del Ministerio del Interior y la Dancp, ya se han formalizado 374, los cuales se encuentran enmarcados dentro de la Sentencia T-704 y engloban más de 2.260 iniciativas sociales definidas por la comunidad.
Nación Wayuu rechaza las aseveraciones hechas por Cerrejón, en las que manifiestan que los bloqueos impactan negativamente a todos en La Guajira, incluidos los miembros de las comunidades a quienes se les impide el suministro de agua. Para ellos el cierre del territorio resguardado, obedece a las graves violaciones a los derechos de esas comunidades.
Su reclamo tiene justicia. En un Departamento lleno de pobreza, ellos llevan la peor parte. Viven en la miseria. Ven pasar las riquezas, sin tener la oportunidad de mejorar su calidad de vida.
