La sed se ha convertido en la bonanza más estable y, uno de los negocios más lucrativos para los guajiros. Desde las operadoras del servicio, que cobran factura sin enviar agua. Recibir millonarios subsidios de usuarios fantasmas. Firmar millonarios contratos para obras que no dan resultados.
Durante décadas, hablar de sed hace pensar de inmediato en la Alta y Media Guajira. Hoy, la falta de agua cabalga sobre las espaldas de los empobrecidos habitantes, que cada cuatro años reciben un mar de promesas, las cuales jamás se cumplen.
La sed se ha extendido y ahora golpea también a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde nacen los ríos que deberían garantizar la vida de miles de familias.
La paradoja es tan absurda como indignante. Mientras el Departamento ha recibido durante décadas miles de millones de pesos para proyectos de agua potable y saneamiento básico, cada verano deja al descubierto que buena parte de esas inversiones fracasó. Acueductos que nunca funcionaron, plantas abandonadas, pozos sin mantenimiento, estaciones de bombeo fuera de servicio y obras inconclusas conforman un inventario de elefantes blancos que avergüenza a cualquier administración pública.
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-302 de 2017, ordenó al Estado adoptar medidas urgentes para proteger los derechos fundamentales de la niñez wayuú y garantizar, entre otros aspectos, el acceso al agua potable como mínimo vital. Han transcurrido casi diez años y el cumplimiento de esa decisión sigue siendo más un discurso que una realidad.
El caso de la represa El Cercado, sobre el río Ranchería, resume buena parte de esta tragedia. Concebida como la gran solución para transformar el acceso al agua en La Guajira, terminó convertida en un monumento a las promesas incumplidas. Millonarias inversiones no lograron traducirse en bienestar para las comunidades que aún esperan abrir un grifo y encontrar agua potable.
Los arroyos se secaron, las pequeñas fuentes desaparecieron y numerosos acueductos dejaron de operar por la falta de mantenimiento o por daños en sus bombas sumergibles. La consecuencia es la misma de siempre: mujeres, niños y adultos mayores recorriendo largas distancias para conseguir unos cuantos litros de agua.
Riohacha continúa pagando una deuda histórica con sus habitantes. Pese a las millonarias inversiones ejecutadas durante años, el servicio de acueducto sigue siendo intermitente en numerosos sectores. Se factura como si existiera continuidad, pero miles de usuarios reciben agua por pocas horas o simplemente no la reciben. El líquido lo comercian en camiones cisternas, surtidos por la misma empresa operadora.
La Guajira no necesita más diagnósticos ni nuevas promesas de campaña. Necesita transparencia, planeación y responsabilidad. Cada peso destinado al agua debe convertirse en una obra funcional y sostenible, no en otro contrato destinado al olvido.
