Finalmente el anhelo de muchos trabajadores y dirigentes sociales que iniciaron una campaña con grafitis en donde pedían: No + Cerrejón, comenzó a cumplirse. La empresa minera más grande de La Guajira, tal y como lo establece el contrato suscrito hace más de 40 años, para extraer el carbón que se encuentra en el subsuelo guajiro, comenzó a preparar su desmonte: ¡Se va!
El proyecto de desmonte comenzó con la presentación de un documento ante el Gobierno nacional. Seguidamente se vienen desarrollando conversaciones para socializar cómo serán las etapas que se cumplirán para entregar la mina, el puerto y demás instalaciones en el 2033.
El plan de desmonte se iniciará en firme en 5 años, en donde se escalará una reducción en la producción, cancelación de contratos laborales, menos impuestos para el país, hasta terminar la última etapa de cierre.
¿Estamos preparados para el impacto económico y social que se nos viene? No. Lamentablemente cuando navegábamos en millonarias regalías, no se sembró con planeación, y hoy nuestros pueblos no cuentan con sus Necesidades Básicas Satisfechas.
Este proceso de desmonte de Cerrejón y de las explotaciones mineras en el país, coincide con la propuesta de Referendo por la Autonomía Fiscal, que se inició en junio pasado, con la recolección de 4 millones de firmas, las cuales deben recaudarse antes del 28 de diciembre de 2024, este movimiento se perfila como una de las propuestas de descentralización más significativas en la historia reciente de Colombia.
La autonomía regional, es un anhelo muy sentido de los colombianos, especialmente en las regiones del Caribe, en donde ya han existido el Corpes, la Rap y se proyecta la Ret, tal como se consagran en los artículos 306 y 307 de la Constitución Política de Colombia.
Actualmente, en el Congreso de la República se realizan debates importantes, en donde le corresponderá a la Cámara decidir sobre el futuro de la autonomía fiscal, que busca que los gobiernos, nacionales, regionales o locales, puedan gestionar sus propios recursos financieros sin depender completamente de los fondos o las decisiones de otros niveles de la administración gubernamental.
De aprobarse esta reforma, las regiones podrían pasar de recibir un 21% del total de los ingresos tributarios del país, a un 39,5%, con lo cual, lógicamente se fortalecerán las finanzas de los municipios y departamentos, que en teoría permitiría una distribución más equitativa y frenaría el centralismo, que obliga a alcaldes, gobernadores y a todas las entidades, a viajar continuamente a Bogotá, a ponerle el sombrero a las entidades del Estado.
Entendemos que cada región percibirá de acuerdo a los indicadores de su PIB. ¿Qué pasará con los departamentos productores de carbón, petróleo y gas? Lamentablemente, ninguno de los territorios productores de combustibles fósiles, se proyectó hacia el futuro, todos los cambios se nos asoman y nosotros estábamos durmiendo en ropa interior y ahora nos asusta que nos vean desnudo.
