La ampliación de cobertura con enfoque en los procesos de regionalización, el fortalecimiento de la infraestructura física, técnica y tecnológica y de manera especial, la propuesta de reforma de los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992, fueron los temas abordados en la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE) de Colombia, que se realizó en la sede de la universidad de La Guajira.
Los rectores han venido reclamando en diferentes espacios al Gobierno nacional, los recursos necesarios para garantizar la universidad pública a los cientos de estudiantes del país que no cuentan con los dineros para acceder a la educación privada.
De esas solicitudes se destaca la sustentada por el presidente del SUE Colombia y rector de la Universidad de Córdoba Jairo Torres Oviedo, sobre la reforma a los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992, que significa cambiar el actual modelo de financiación de la universidad pública que la ha condenado en los últimos 30 años a un desfinanciamiento estructural.
En el encuentro el viceministro de educación, Ricardo Moreno Patiño, reiteró que desde el Gobierno nacional se atenderá el llamado de los rectores de que se sume a los entes territoriales al acuerdo nacional por la educación superior al considerar que las transferencias que hacen los departamentos y los municipios, son fundamentales para financiar la educación pública.
El viceministro reiteró que el Gobierno nacional ha aumentado los presupuestos de las universidades con giros a las bases presupuestales logrando una inversión que supera los 3 billones de pesos para infraestructura, ampliación de cobertura, procesos de calidad y la implementación de los enfoques diferenciales al interior de las universidades, pero es insuficiente para seguir cumpliendo ese propósito y por eso, plantea que la vía correcta es modificar ese sistema de financiamiento.
El rector de la universidad de La Guajira, Carlos Robles Julio, considera que se está en un momento específico para seguir promoviendo la evolución de la educación superior como un agente de cambio en la sociedad.
Los rectores reiteraron una vez más que van a acompañar al Gobierno nacional a la defensa de la autonomía universitaria y a gestionar más recursos a través de la modificación de estos dos artículos de la ley 30.
El funcionario también manifestó que desde el Gobierno nacional se atenderá el llamado que hacen hoy los rectores de sumar a los entes territoriales en esta articulación, al considerar que las transferencias que hacen los departamentos y los municipios, son fundamentales para financiar la educación pública.
