Los desafíos de la seguridad urbana y rural en nuestro país son muchos, especialmente por cuanto no sentimos seguridad, porque muchos no conocen ni aprecian ese tesoro invaluable que es el valor fundante de la seguridad.
Invadidos estamos de una grande sensación de inseguridad, que de manera efectiva y cada vez más, es miedo que se traslada al cierre del comercio, la restricción en la movilidad y al confinamiento poblacional en sus viviendas. A todas estas, no tenemos una clara política de acción para contrarrestar la inseguridad que vivimos, pueda prevenirse la acción y disminuirse el impacto en la sociedad civil.
Los niveles de inseguridad que vivimos son evidentes, continúan, con sus acciones delictivas los grupos al margen de la ley de distinto origen, naturaleza y objetivos que siguen generándole grandes y graves daños al país.
Persiste altamente el narcotráfico y la extorsión, que nutre a estos grupos de insumos económicos para mantener sus actividades, lo que hace necesario esclarecer el estado actual de situaciones y circunstancias, a fin de plantear una adecuada estrategia para su combate, debido a que la capacidad que tenga el Estado para conocer lo cual, dependerán en acertada dimensión sus planes de seguridad para trasmitir seguridad y sosiego en la ciudadanía.
Algunos, intentan ocultarse en la institucionalidad estatal como parte de su naturaleza, funcionamiento, confundirse, buscar convivencia, lo que hace necesario una estrategia efectiva de seguridad, poner la acción de la justicia en dirección a minar los uno y más procederes con que amilanan a la población dichos grupos; y otros, los que tienen como objetivo tomarse el poder por la vía armada y reemplazar al Estado, utilizan del mismo modo estrategias para infiltrar y penetrar a las instituciones políticas y mantenerse con vida en medio de su innegable desgaste.
Y su bien cuenta el país con los elementos para enfrentar al terrorismo en sus diferentes manifestaciones, debe hacer claridad en su política criminal, en la capacidad de acción en una misma línea de las tres ramas del poder público (en especial la Fiscalía General de la Nación), para aplicar efectivamente la política de lucha contra el crimen en sus distintas expresiones. De la acertada cooperación de las ramas del poder público dependerá en alto grado el éxito de una política de seguridad, lo que debe aunarse a la activa participación ciudadana, puesto que sin ella difícil será derrotarlos.
El desafío estatal en términos reales es ofrecer confianza para que las personas se acerquen, denuncien y los organismos responsables den pronta y efectiva respuesta a las demandas de la gente en la preservación de su vida y de sus demás fundamentales derechos.
Importa y ayuda en este propósito un eficaz fortalecimiento institucional que haga creíble a las instituciones para que la ciudadanía en ellas confíe y cooperen en el desmoronamiento de las organizaciones criminales y terroristas. Diseñar políticas puntuales para enfrentar a los grupos armados que aterrorizan a la población, coordinar una política criminal que demuestre que el Estado es quien tiene el control de la seguridad y en capacidad está de poner las condiciones para eventuales procesos que tiendan a la búsqueda y procura de la paz.
De la misma manera, tener una capacidad real de respuesta por parte de los organismos policivos y militares que logren desarticular por medio de sus actuaciones legítimas, las actividades de grupos financiados por el narcotráfico y su proceder delincuencial que afectan integralmente.
