Durante este cuatrienio que culmina y en el que, por primera vez, asumió el poder presidencial un Gobierno de izquierda, se hizo muy común que líderes de la derecha, hicieran frecuentes viajes a Estados Unidos para reunirse con senadores y medios republicanos, con Bernie Moreno, con funcionarios como Marco Rubio, e hicieran lo posible para que el propio Trump les recibiera su ‘bultico de quejas’ contra su rival político: Petro.
Se hizo costumbre en este periodo trasladar las disputas políticas internas al escenario internacional. Vicky Dávila hasta pidió intervención militar; María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Efraín Cepeda, Honorio Henríquez, el exprecandidato a la presidencia Diego Palacio, entre otros, gastaron muchas horas de vuelo y de lobby para llevar las quejas del Gobierno de Petro a tierras estadounidenses. Incluso los alcaldes de ciudades como Cali y Medellín y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, reconocidos opositores al Gobierno central, fueron de los que llevaron las listas de ‘quejas’ para que el severo ‘Tío Sam’ tomara medidas contra el presidente. No se trataba solo de quejas y preocupaciones sobre el rumbo institucional del país; el propio primer mandatario los acusó de querer vincularlo con actividades de narcotráfico, hasta el punto de que el Gobierno de Trump terminó por incluir a Petro en la Lista Clinton.
En democracia, ese tipo de gestiones puede entenderse como parte de la diplomacia política. Sin embargo, también abre un debate sobre los límites entre la búsqueda de apoyo internacional y la solución de los problemas internos, no por las vías del sistema democrático y de las instituciones, sino mediante la amenaza de “te acuso ante Estados Unidos”.
Ese interrogante adquiere una dimensión particular ante la posibilidad de que Abelardo de la Espriella, dada su cercanía con esos mismos círculos del poder actual en el gigante del Norte, exacerbe la tendencia a que sea Trump o Marco Rubio quien presione para que las ramas del poder y la oposición se ablanden ante la agenda del Gobierno entrante, cuando algunas propuestas están en contravía de la Constitución. Su cercanía ideológica con Donald Trump, su ciudadanía estadounidense y su reiterada identificación con el Partido Republicano de Estados Unidos configuran un escenario político inédito. No porque esas circunstancias sean un problema per se, sino porque esas relaciones pueden convertirse en instrumentos de presión sobre la política doméstica.
Recordemos que Estados Unidos les retiró la visa a los miembros de la Corte de Brasil que investigaban a Bolsonaro, epígono de Trump. Si un presidente colombiano mantiene una relación privilegiada con sectores de poder en Washington, la frontera entre la cooperación diplomática y la tendencia a usar esa colaboración para presionar, por ejemplo, a que las cortes permitan la fumigación con glifosato, puede volverse delicada.
Es bien sabido que Estados Unidos dispone de mecanismos administrativos que tienen un enorme impacto sobre cualquier dirigente latinoamericano: la cancelación de visas, sanciones económicas, la inclusión en la llamada Lista Clinton o en programas administrados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros han demostrado ser el ‘coco’ para muchos funcionarios, no solo por lo reputacional, sino, en especial, porque muchos de ellos sueñan con vivir en ese país.
Sería un error afirmar que un presidente colombiano puede ordenar ese tipo de decisiones, pero del nuevo presidente se puede esperar cualquier medida desesperada. La posibilidad de recurrir a este tipo de estrategias de intimidación política cuando un magistrado, un congresista, un periodista, un empresario o un dirigente de oposición disienta del Gobierno es un temor latente e inminente.
Colombia hará parte del Escudo de las Américas, con el riesgo de una presencia militar norteamericana en el territorio; buena parte de la agenda de seguridad volverá a estar determinada por prioridades estadounidenses relacionadas con la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Si eso puede traer algunos avances en materia de seguridad, conlleva el riesgo de trasladar al exterior decisiones que pertenecen exclusivamente a la soberanía democrática del país.
Una democracia sólida exige que las controversias entre Gobierno y oposición se resuelvan en los tribunales, en el Congreso de la República, en los organismos de control y, finalmente, en las urnas. Cuando la tentación lleva a buscar árbitros externos para inclinar la balanza de la política interna, todos terminan perdiendo.
