Grave sobremanera que una serie de individuos y grupos políticos, ante los fallos judiciales insistan torpemente, en espectáculo bochornoso, a vociferar desde la sinrazón respecto de los mismos, como si con ello cambiar pudieran lo decidido, existiendo para ello las instancias pertinentes.
Olvidan que el respeto a las instituciones tiene un exacto valor que debe ser compartido por quienes participan en ellas, los que no las respetan son destructores de lo construido, no aportan nada, no suman y sí restan y dividen, como viendo estamos ante los últimos acontecimientos en los órdenes judicial y electoral en la ciudad de Santa Marta.
Tenemos que entender, y va esto para todos, que la cultura de la legalidad de una sociedad determinada, es el conjunto de creencias, valores, normas y acciones que promueve que la población crea en el Estado de Derecho, lo defienda y no tolere la ilegalidad, lo cual sirve de paso como criterio, tal como lo afirman grandes tratadistas, para evaluar el grado de respeto y apego a las normas vigentes por parte de sus aplicadores y destinatarios; a lo que agregan, que es un mecanismo de autorregulación individual y regulación social, que exige por parte de la ciudadanía una cierta armonía entre el respeto a la ley, las convicciones morales y las tradiciones y convenciones culturales; siendo, en síntesis, la creencia compartida de que cada persona tiene la responsabilidad individual de ayudar a construir y mantener una sociedad con un Estado de derecho.
También comprender que el Estado de Derecho, en tanto, es aquél en el que todos los integrantes de la sociedad están gobernados por leyes establecidas de forma democrática, protegen los derechos individuales y se aplican uniformemente, en el que las normas jurídicas se establecen en forma democrática, a través de mecanismos formales y toda la sociedad puede participar en la creación de las leyes; protegen los derechos humanos, en la convivencia de las personas como parte de una sociedad. y las normas protegen tanto a las personas como a la sociedad; se aplican a todos y todas por igual, incluso a los gobernantes, son de carácter general, no importa la situación económica, política, ni el papel social que se desempeñe; se hacen cumplir siempre y son obligatorias, las violaciones son sancionadas a través de procedimientos y castigos preestablecidos.
De ahí que interese promover para el ahora y el mañana, a efecto de no caer en procederes fuera de todo orden, una cultura de la legalidad, en lo que caben principios tales como interesarnos y conocer las normas básicas que nos regulan, respetar las normas, rechazar y denunciar los actos ilegales, colaborar con las dependencias del sistema de seguridad y procuración de justicia; y, convencernos definitivamente que una de las principales vertientes para detener el fenómeno de la inseguridad y promover el bienestar colectivo es a través del fortalecimiento del Estado de Derecho, lo que es dable sí todos respetamos las normas y promovemos que los otros las respeten; por ello, valdrá realizar todos esfuerzos que posibles sean realizar para promover y practicar una cultura de la legalidad, a fin de proporcionar a la comunidad elementos que favorezcan la adquisición de conocimientos para que modifiquen actitudes y desarrollen competencias que propicien su participación voluntaria en distintos espacios de su vida cotidiana y de manera conjunta con las autoridades.
Sea esta columna una invitación a asumir las responsabilidades ciudadanas que nos corresponden, conocer las normas, acatarlas, respetarlas y rechazar los actos ilegales y corruptos que Santa Marta no merece, que se inste a su sociedad al acometimiento de acciones que desdicen de su ancestral estirpe y noble condición ciudadana.
