El pasado 13 de diciembre, cuando inscribí mi candidatura al Senado, decidí hacer una pausa en mi columna de opinión semanal por respeto al equilibrio en la prensa con los demás candidatos al Congreso.
Después de dos meses de trajín en esta corta campaña política, he decidido romper este ayuno para hacer una reflexión sobre la actual crisis moral que atraviesa la campaña electoral en nuestro país. Razón tenía Álvaro Gómez, cuando advirtió en una entrevista concedida al periodista Julio Nieto Bernal, el riesgo que estaba tomando nuestra democracia por la práctica corrupta de los partidos políticos bajo “El régimen de las complicidades”.
En dicha entrevista, el doctor Gómez Hurtado reveló cómo los partidos políticos de opinión se habían convertido en partidos políticos de compromisos y complicidades bajo unas estructuras delincuenciales políticas integradas principalmente por los poderes del legislativo y el ejecutivo. Cualquier parecido con la actual campaña al Congreso es pura coincidencia. El modus operandi es el mismo que describe el doctor Gómez Hurtado en su entrevista. Una “Bancada o Coalición de Gobierno”, integrada por unos partidos políticos se ponen de acuerdo para repartirse la piñata de la burocracia estatal, los presupuestos de inversión y los recursos de las regalías a cambio de apoyar las iniciativas legislativas del ejecutivo.
En este “Régimen de compromisos, complicidades y sobornos” a los congresistas les son entregados los cargos donde se ordenan la ejecución de los recursos, como los viceministerios, secretarios generales y directores administrativos de entidades adscritas y descentralizadas. En todos los escándalos de corrupción, son ellos, los que terminan pagando los paltos rotos.
Bajo este “Régimen de compromisos, complicidades y sobornos” la ruta de los torcidos inicia en el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda, donde a cada congresista le asignan un cupo de recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación y del Sistema General de Regalías, los cuales son ejecutados básicamente en obras de infraestructura vial, escenarios de recreación y deporte, bienes públicos y programas de alimentación escolar. La comisión o el CVY de estas inversiones oscila entre el 18% y el 23% del monto del contrato y es repartida entre el funcionario que ordena el giro de los recursos; el congresista que los gestiona y el gobernante local que los ejecuta.
Una manera práctica de entender este “Régimen de compromisos, complicidades y sobornos”, son las millonarias sumas de recursos de las regalías que se giran a las regiones. La periodista de la Revista Semana, Salud Hernández, denunció a finales del 2021 el despilfarro de 300.000 millones de pesos en La Guajira y 700.000 millones de pesos en el Cesar. En Valledupar, por ejemplo, destinaron $130.000 millones para construir un Centro Cultural de Música Vallenata, donde existen más de cinco grandes escenarios para ese propósito. Ya ven por qué los votos en estos departamentos subieron más que la papa.
Cuánto daño le está haciendo a nuestro país este perverso “Régimen de compromisos, complicidades y sobornos” administrado por los mercaderes de la política.
