Al fragor de la campaña electoral para las elecciones en todos los municipios, distritos y departamento, centrada en ofensas, insultos e información falsa, y no en los programas de gobierno inscritos, como debe ser el comportamiento de una ciudadanía que avanza en cultura política para elegir con su voto la mejor propuesta para los cambios que se necesitan para superar la calamitosa situación que padecen las comunidades, es oportuno y conveniente conocer los resultados de las administraciones públicas en los cuatro años de alcaldes y gobernadores de La Guajira.
Uno de los indicadores que evalúan la gestión de los ejecutivos peninsulares es el Índice de Desempeño Fiscal IDF– que construye anualmente el Departamento Nacional de Planeación a partir de las ejecuciones presupuestales.
El IDF es definido como una medición del desempeño de la gestión financiera de las entidades territoriales que da cuenta de la sostenibilidad financiera a la luz de la viabilidad fiscal, la capacidad de generación de recursos propios, el endeudamiento, los niveles de inversión y las capacidades de gestión financiera en los municipios y departamentos del país.
Para el Departamento de la Guajira los datos del IDF se pueden apreciar en la siguiente fila antes de entrar a la ley 550
En el 2020 el promedio de todos los departamentos fue de 54,9 sobre 100 puntos, La Guajira ocupa con un IDF de 48,37, el puesto 28 de 32. En el 2021 el promedio departamental fue de 57,5, La Guajira baja el puesto 29 de 32 con un IDF de 50,11.
Para los municipios guajiros los datos 2022 es el promedio de los años 2020-2021 que se proyecta al 2023.
De los 15 municipios de La Guajira, Albania, Barrancas, El Molino y Hatonuevo se ubican con un IDF vulnerable. Estar en este rango (Entre 60 y 70 puntos) significa que pueden cumplir límites legales de deuda y gasto, pero aún tienen alta dependencia del Sistema General de Participación y bajos niveles de inversión en formación bruta de capital.
A los municipios de Riohacha, Distracción, Fonseca, la Jagua, Maicao, Manaure, Uribia, Urumita y Villanueva les corresponden una posición en riesgo. A este grupo pertenecen las entidades territoriales con un indicador entre 40 y 60 puntos. Se encuentran en riesgos de déficit o presentan alto endeudamiento o fallas en su reporte de deuda. Tienen alta dependencia de las transferencias y bajos niveles de inversión en formación bruta de capital.
Ninguno de los 15 municipios, ni el Departamento son sostenibles, ni solventes, y la mayoría están por debajo de los promedios nacionales (2020 y 2021)
Con estos mediocres resultados de desempeño fiscal, es necesario que los candidatos y candidatas a reemplazar a los actuales mandatarios, así como la ciudadanía estén atentos y vigilantes a la contratación que se debe estar tramitando a pesar de la Ley de Garantías Electorales y a la última rendición de cuentas que será obligatorio insumo para el empalme que se debe hacer entre los que se van y los que llegan el 1 de enero del 2024.
No hay que olvidar que los salientes gobernantes, en su mayoría, están ‘raspando la olla’ de las ilíquidas haciendas territoriales, sobre endeudando con vigencias futuras el erario público y, dejándoles amarrados a los que se eligen los presupuestos que serán aprobados para la vigencia 2024 por diputados y concejales que van a ser cooptados por la gobernadora y los burgomaestres salientes más interesados en terminar de recuperar la inversión que hicieron para ser electos en el 2019.
El pueblo guajiro no se debe seguir equivocando con la elección de sus propios verdugos y tener memoria del incumplimiento de los programas de gobierno y los planes de desarrollo 2020 – 2023 de los 15 alcaldes y no elegir el 29 de octubre a candidatos y candidatas apoyados por los ‘depredadores’ de los municipios y el departamento de La Guajira.
