Todavía recuerdo con mucha nostalgia y agradecimientos, las enseñanzas de mis profesores y maestro de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, donde curse esta hermosa especialización a inicios de los dorados años 90, todos ellos herederos de la Escuela del primer salubrista que tuvo el país, el inmolado Héctor Abad Gómez, en estos días muy recordado porque se rueda en el país el largometraje ‘El Olvido que Seremos’, documento escrito por su hijo Héctor Abad Faciolince y donde se narra la vida de este eminente científico colombiano.
En esos días de clase en mi Facultad, el tema universal y obligatorio en salud fue la estrategia “Salud para Todos en el Año 2000”, una meta valiente y ambiciosa, clamor que fue acogido en 1.978 en la conferencia de Almaata, antigua Unión Soviética y donde acudieron todos los gobiernos del planeta considerado una necesidad urgente por parte de todos los países, de todo el personal de salud y de la comunidad mundial para proteger y promover la salud de todos los pueblos del mundo. Documento lleno de soñadores postulados, uno de ellos es el siguiente “Los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, obligación que sólo puede cumplirse mediante la adopción de medidas sanitarias y sociales adecuadas”.
Cuarenta y tres años después de Alma Ata, bajos constantes reformas de la salud en Colombia, desde el viejo modelo asistencialista del siglo pasado (ISS, hospitales de caridad, incipiente medicina prepagada), la Ley 10 de 1990 que supuestamente reformaría el Sistema de Salud en Colombia, completo fracaso, hasta la polémica y fracasada Ley 100 de 1993 (hija de la Constitución de 1.991) cuyo mayor postulado consiste que el servicio público esencial de seguridad social se prestará con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, integralidad, unidad y participación; para mí como salubrista faltó agregarle el de “enriquecimiento” para una de las figuras que la misma Ley le daba vida, las hoy EPS o EAPB. Aún están en deuda los anteriores postulados con el conglomerado social.
Para Halfdan Manhler, director de la OMS y ponente de la Meta en Alma Ata, la salud “es un derecho humano fundamental, y que el logro del grado más alto posible de salud es un objetivo social muy importante en todo el mundo”. En Colombia este derecho se convirtió en una tentación mercantilista con el advenimiento del régimen contributivo y subsidiado (hijos de la Ley 100 de 1993).
Así las cosas, continúan en deuda los postulados de la cacaraqueada Ley 100, que tal vez con muy buenas intenciones, pero con una fallida aplicabilidad en los territorios. La Universalidad no se ha logrado 28 años después, la salud de la gente se ha deteriorado, ese es el resultado al compilar cifras sobre los indicadores la situación de salud; los programas de promoción y prevención que apuntaban a ser una fortaleza se han debilitado, las IPS públicas pioneras en este oficio han sido despojadas por las IPS particulares y muchas testaferratos de las EPS, quedándose así con lo mejor del pastel y el hueso para lo público.
Las inequidades en salud se han agigantado, la brecha se amplió, es decir quienes más necesitan menos reciben y quienes más tienen más reciben. Quejas, reclamaciones y tutelas por doquier: La Supersalud, organismo creado para vigilar y sancionar no es más que un fortín burocrático y ejerce un protectorado sobre sus vigilados, entre ellos las EPS o bien llamadas quiebra hospitales.
Ya concluyendo, se infiere que las diferentes reformas que ha sufrido la Ley 100, donde en cada una se va modificando el papel del Estado en la prestación de estos servicios dando cada vez mayor participación al sector privado, se separa la atención individual de la enfermedad de la atención colectiva, aumento de las barreras administrativas, económicas, culturales para el acceso a los servicios; aparición de emporios y monopolios del aseguramiento cada vez menos aseguradores, quiebra de IPS públicas y privadas, aumento de IPS que montan las propias EPS, incremento desmedido de la corrupción en el sector, desmejoramiento del gremio de la salud por el pago de honorarios miseros o tarifas irrisorias y acumulación de deudas de seis, ocho 15 y 30 meses de salario a los trabajadores.
