Comprar votos no es un rasgo cultural legítimo en Colombia, sino una práctica clientelista y un delito electoral tipificado en el Código Penal. Aunque es una conducta arraigada en ciertas dinámicas políticas, especialmente en zonas con altas tasas de pobreza, lo que constituye un ilícito sancionado con penas de prisión.
Es común que durante las elecciones se presenten denuncias formales sobre el financiamiento ilegal de campañas políticas, un ejemplo destacado en el debate presidencial ocurrió recientemente cuando el candidato presidencial Abelardo De la Espriella denunció ante autoridades de Estados Unidos a un número importante de dirigentes y empresarios del Caribe por una supuesta red de compra masiva de votos. Afirmó que clanes políticos regionales tendrían dispuestos cerca de $60.000 millones de pesos para la compra de votos.
Politólogos coinciden en afirmar que la compra del voto afecta la democracia al violar varios de sus principios y al socavar el funcionamiento de las instituciones políticas. La democracia precisa los derechos de expresión, y la posibilidad del que tenga el perfil sin que prime su capacidad financiera si no sus ideas y sus ganas de servir puedan postularse a cargos públicos y de instituciones que garanticen que la política pública dependa de los votos y demás formas de expresar las preferencias.
Históricamente, grupos clanes y políticos se aprovechan de las necesidades económicas inmediatas de la población, intercambiando el voto por dinero en efectivo, mercados, materiales de construcción o promesas de empleo. En Colombia, comprar o vender el voto constituye el delito de corrupción al elector y tráfico de votos. La compra de voto es un fenómeno extendido en democracias en desarrollo como es el caso de Colombia y ampliamente documentado en la academia desde distintas perspectivas metodológicas y analíticas.
Esta práctica debería ser rechazada por debilitar la democracia, torcer la voluntad popular y asegurar la continuidad de élites corruptas; en lugar de ser una ayuda, le cuesta caro a la sociedad, pues se traduce en peores servicios de salud, educación deficiente y mayor desvío de recursos públicos y no al derecho de reclamar nada.
En estos términos la compra de voto daña la democracia porque afecta la rendición de cuentas y la responsabilidad de quienes ocupan un cargo de elección, limita la capacidad ciudadana para elegir libremente a los gobernantes y representantes, mina la calidad de la política sana que emana de los políticos que ganaron comprando votos, tuerce el sentido de las elecciones como instrumentos de toma de decisiones políticas, agudiza las desigualdades sociales, altera los resultados electorales, y genera un gasto excesivo cuyo origen de los recursos es ilegal
No es mentira y sí es verdad, que la de compra y venta de votos es una práctica documentada y de larga data en la costa Caribe colombiana, impulsada por factores como la pobreza, la desigualdad socioeconómica y la operación de poderosos clanes políticos regionales. La falta de confianza en el Estado y la baja cultura ciudadana facilitan que ciertas estructuras políticas operen con impunidad, ya que muchas de estas irregularidades no terminan en investigaciones penales formales.
En las regiones menos atendidas por el Estado, es donde suelen aprovecharse de la necesidad y la falta de oportunidades de la población para intercambiar dinero o mercados por votos. Organizaciones especializadas como Transparencia por Colombia han señalado que esta patología en la política caribeña requiere de mayor vigilancia y sanción social, mientras que estudios académicos en plataformas como Redalyc evidencian que el fantasma de la compra de votos es un desafío persistente en el sistema democrático de la región Caribe.
Que sea este el momento para que se tomen correctivos para que desaparezca este fenómeno que además de ser ilegal, les corta las oportunidades a muchos profesionales, con excelentes perfiles y con las ganas de prestar sus nombres para servirle a su municipio o región y que se acabe el estigma que si no se tiene plata no se puede aspirar a ningún cargo de elección popular.
