La falta de luz en Mingueo, Palomino, Barrancas, San Juan etc., es la consecuencia predecible de una caja de Pandora normativa que durante décadas permitió que los operadores de red cobraran activos viejos de los Sistemas de Distribución Local y el Sistema de Distribución Regional Caribe como si fueran nuevos, bajo una regulación que en la práctica premiaba la ineficiencia y castigaba a los usuarios, la comisión de regulación y energía y gas autorizaba el cobro como nuevos, de transformadores que tenían más de 20 años y líneas súper deterioradas, ni que decir de las subestaciones eléctricas municipales. Hoy en día, al Gobierno actual intentar actualizar esas reglas normativas, se vio con una realidad crítica: toda la infraestructura eléctrica de la región es obsoleta y la empresa que tiene la responsabilidad de operador de red de los tres departamentos, Air-e S.A.S. E.S.P., está en quiebra, una quiebra que no solo impide la inversión necesaria, sino que deja a oscuras a millones de habitantes de Atlántico, Magdalena y La Guajira a diario.
La Contraloría General de la República acaba de emitir una advertencia que debería encender todas las alarmas de los alcaldes y los usuarios: los pasivos de Air-e aumentaron un 53,6 por ciento en un periodo corto, y el 86 por ciento de sus deudas son obligaciones corrientes a corto plazo, lo que genera ‘un riesgo inminente de cese de pagos con proveedores clave’. La deuda acumulada supera los 6 billones de pesos, y el 73 por ciento de esas obligaciones tiene más de un año de antigüedad, concentradas especialmente en los estratos más pobres (que son la mayoría de barrios de La Guajira). En otras palabras, la empresa está tan ahogada financieramente que la mayor parte de los recursos que recauda se destinan a pagar las compras de energía en bolsa y mediante contratos a largo plazo, dejando sin un solo peso las inversiones en redes, subestaciones y transformadores.
Pero aquí viene la parte más perversa del entuerto: mientras Air-e se desangra, la Asociación Colombiana de Generadores de Energía (Acolgen) ha visto en esta crisis la oportunidad política perfecta para asestar un golpe al Gobierno. No es gratuito que Acolgen haya pedido a la Corte Constitucional tumbar el Decreto de Emergencia Económica decretado por Petro ante la crisis climática, ni que el presidente los haya calificado de ‘cínicos’ y les haya dicho que “les importa un bledo la situación de los colombianos”. Lo que está en juego es claro: los generadores saben que, si limitan el suministro o amenazan con suspender el servicio, el caos recaerá sobre el Ejecutivo, y ellos podrán salir airosos con su candidato presidencial de rayas, mientras la costa Caribe sufre las consecuencias y este caos es rentabilizado por su grupo de amigos, que les prometió tumbar el marco tarifario actual y no solo subir nuevamente el valor del kilovatio, sino aumentarlo a más de $2.000 pesos teniendo en cuenta que se factura en La Guajira a $752 mediante, el rescate de las leyes viejas que garantizaban las ganancias aunque no prestaran el servicio.
Triste para el pueblo es que ni el Ministerio de Minas, ni la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios han sido capaces de denunciar los presuntos robos cometidos al interior de Air-e por los administradores de turno e invertirle los millones que necesita nuestra infraestructura energética. La Fiscalía ya investiga un presunto ‘hurto de mayor cuantía’ que incluye desde balances financieros alterados hasta contratos con empresas fantasma, y la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el propio ministro de Minas, Edwin Palma, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión como agente interventor de la empresa. La Superintendencia, por su parte, se ha limitado a recibir reportes sin imponer medidas sancionatorias ni diseñar un plan de choque estructural, según advierte la Contraloría.
La pregunta que debemos hacernos sin tantos rodeos: ¿cuánto más tendrán que soportar los guajiros el juego político de desestabilización? La caja de Pandora está abierta, cuando la regulación permitió que los operadores de red cobraran como nuevos activos que ya tenían más de dos décadas de uso. Hoy el Gobierno de Petro intenta cerrarla, pero se encuentra con que toda la infraestructura es obsoleta y la empresa está en quiebra y normativamente es tan difícil solucionarla, que han preferido dejar a los antiguos propietarios de Air-e (Ríos Velilla) como opcionados a recuperar a su empresa montando un Gobierno de derecha. Y mientras tanto, Acolgen afila sus garras, esperando el momento justo para desatar más caos y culpar al Gobierno en estas tres semanas. Los usuarios, atrapados en medio de esta tormenta política, no tienen la culpa. Pero parece que es más rentable jugar con la vida de pueblos como Mingueo, Palomino y San Juan, donde solo saben que llega furtivamente una cuadrilla en sus noches a robarse su luz, para que rabiosos puedan decir que mejor votan por el ‘Tigrillo’, ya que Petro no hace na´, aunque les pongan el kilovatio con un valor tres veces superior al actual y vuelvan las decenas de cuadrillas que no nos dejaban respirar. El ‘Tigrillo’ dijo que el que haga protestas lo mete preso en las megacárceles y al no poder reclamar nos ahogaríamos en las tinieblas porque mediáticamente nos hacen creer que estamos tan mal para añorar lo que es peor (Electricaribe).
