No quise escribir sobre la muerte violenta de la niña Shelsy Michelle, ocurrida en Mingueo (La Guajira) el 12 de diciembre pasado, hasta que la razón se serenara y la indignación cediera lo suficiente como para opinar con la ecuanimidad que exige un hecho tan abominable. Era, simplemente, una niña inocente de apenas tres añitos: una criatura alegre y luminosa, como se le ve bailando en un video que hoy duele mirar.
Cuando se conoció su desaparición, Mingueo reaccionó como suelen reaccionar los pueblos cuando el miedo y la esperanza se mezclan: saliendo a buscarla unidos, solidarios, aferrados a la posibilidad de encontrarla con vida. Pero la tragedia se impuso con brutalidad al ser hallado su cuerpo sin vida dentro de un saco de café. A partir de ese momento, la conmoción dio paso a la ira y a la necesidad —tan humana como peligrosa— de señalar a un responsable. Las miradas y las sospechas recayeron rápidamente sobre un joven, de quien se supo después que había sido acogido por la familia días antes y que desapareció tras el hallazgo del cadáver. Su nombre nunca fue confirmado oficialmente, pero en el imaginario colectivo ya había sido juzgado como culpable.
La Biblia nos dice:
“Pero si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida,
ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie,
quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe.”
— Éxodo 21:23
Esa frase bíblica de ‘ojo por ojo, diente por diente’ suele invocarse como si fuera una autorización divina para la venganza, cuando en realidad nació con una intención muy distinta. En su contexto original, tanto en la Ley mosaica como en el antiguo Código de Hammurabi, el llamado talión no buscaba desatar la violencia, sino contenerla. Fue un primer intento —rudimentario, sí, pero significativo— de poner límites al castigo y de evitar que una ofensa menor se pagara con una represalia desmedida. La justicia dejaba de ser un arrebato personal para convertirse, al menos en teoría, en una regla común.
Con el paso del tiempo, el derecho entendió que incluso esa proporcionalidad literal resultaba insuficiente. Castigar replicando el daño no repara, no devuelve la vida ni alivia el dolor y, muchas veces, solo multiplica la tragedia. Por eso, las sociedades modernas renunciaron al talión como práctica y apostaron —no sin tropiezos— por un sistema en el que el castigo no nace de la ira individual, sino de procedimientos, pruebas y garantías. No porque la justicia sea fría, sino precisamente porque la emoción, cuando gobierna, puede ser injusta.
La justicia por mano propia es comprensible ante el dolor de las víctimas del delito, pero no es legal ni es una forma primitiva de justicia, sino su negación. No restituye, no sana y tampoco honra a las víctimas. Al contrario, corre el riesgo de fabricar culpables, de sacrificar inocentes y de degradar a la comunidad que la ejerce. No afirmo que sea fácil contener la rabia ni que el dolor admita pausas racionales; solo sugiero que, cuando renunciamos a la Ley para satisfacer el impulso del castigo inmediato, perdemos algo más que el orden: perdemos la diferencia esencial entre justicia y venganza.
Como alguien provida, como padre y como ciudadano, no puedo —ni quiero— justificar la violencia. La muerte de la niña Shelsy duele, y duele más cuando se tiene un hijo y se sabe, aunque sea de lejos, lo que significa perderlo. He escuchado a algunos decir que el linchamiento del sospechoso estuvo bien; otros sostienen que lo correcto habría sido aprehenderlo y conducirlo ante las autoridades. Esa discusión queda, en últimas, al criterio de cada quien.
Lo ocurrido en Mingueo me retrotrae al caso del joven Luis Andrés Colmenares y a una frase que años después le escuché a su padre en una entrevista a La W Radio, cuando confesó haber “traicionado su idiosincrasia guajira” por intentar llevar el caso de manera civilizada ante la justicia. “Si esto hubiera sucedido en Villanueva, al día siguiente se habría resuelto”, dijo entonces Luis Alonso Colmenares.
No justifico la justicia por mano propia, pero tampoco puedo ignorar una realidad que alimenta la frustración social: los menores de edad que delinquen gozan de una protección legal especial frente a la privación de la libertad, y la comunidad asiste, una y otra vez, al espectáculo de capturas seguidas de libertades o de internamientos en centros especiales. Esa respuesta institucional —legal, sí— no siempre resulta comprensible ni soportable para los deudos ni para las comunidades heridas por el delito.
Con profundo respeto por la vida he escrito este artículo, no para condenar a nadie, sino para reflexionar. Lamentablemente, nada devolverá a Shelsy Michelle a los brazos de su madre, y lo ocurrido tanto a ella como al joven ‘ajusticiado’ no cambiará esa realidad. El mal existe y seguirá existiendo, pero eso no nos exime de preguntarnos cómo deberíamos actuar como sociedad cuando irrumpe con tanta crueldad. Tal vez la lección más difícil —y la más urgente— sea entender que el respeto por la vida, especialmente la de los menores, no puede depender del dolor del momento, y que la justicia institucional, con todas sus falencias, sigue siendo el único camino legítimo para sancionar a los responsables sin degradarnos en el intento.
