Es de elemental lógica en contexto de buen gobierno, que quien a otro suceda como mandatario de un ente territorial, haga una superior administración, pues sus actuaciones deben dejar a dichas unidades territoriales en una situación mucho mejor de la que encuentran.
Deben hacer quienes llegar al cargo, administraciones y proyecciones mejores, no como un algo o como un todo que se les pueda atribuir porque sí en lo personal, sino en la realidad que debe mejorarse siempre lo que se encuentra, como un derrotero a ser continuado, potenciado, impulsado y referido como el trabajo, como la historia de un éxito colectivo, donde no deben darse radicalismo ni exageraciones, sino unir esfuerzos y voluntades, en el entendido que lo importante es la equidad, la inversión y estabilidad económica y social, lo justo, la cohesión, el progreso y en fin, el bienestar y prosperidad generales.
Es entender como igualmente comprender, que en los asuntos administrativos públicos y políticos, el entendimiento resulta indispensable y las victorias electorales, aunque sea por mayoría abrumadora, no deben usarse para revanchas y mucho menos para cuestionar el marco normativo establecido, como tampoco apoyar manifestaciones, y rebeliones vandálicas, salidas de la estructura constitucional que liquida oportunidades de consensos y andar fraterno.
En cuestiones administrativas públicas, no vale la pena anunciar y pretender forzar cambios sin haber intentado al menos consensos previos, incorporar por ejemplo y entre otros muchos, el principio de estabilidad presupuestaria y con ello avanzar en mejor manera, a efecto de no adentrarnos en el peligro cantado de ello no hacerse, de navegar en las aguas turbulentas de un gobierno equivocado, lo que es un desafuero que con prontitud menoscaba grande y gravemente la justicia social, atentando de paso contra todo el equilibrio al que sanamente pueda aspirarse.
Estar un gobernante de acuerdo con violentar la legalidad, actuar en ello en connivencia con quienes subvierten el orden público y demás otros órdenes legalmente establecidos, es tanto torpe como desafiante de los derroteros democráticos, más cuando quienes lo cual hacen, anuncian amenazantes, altaneros y agigantados, soportados en tal respaldo y sin arrepentimiento –no obstante las actuales circunstancias en las que convergen una y más adversidades–, que seguirán en las andadas, lo que entraña seguir quebrantando la ley, lo que nos hace expresar que ello, además de obsceno, implica muchas veces que la peor justicia es un pésimo hacer político en cualquier tiempo y lugar. Tal apoyo, además de indicar sospechas de las más diversas oscuridades, refrenda la malévola y arbitraria intención de manejar a su antojo el poder político.
Nuestra recuperación no debe darse desde estas posturas de corte tiránico, sino con base en el marco constitucional y ser un objetivo indeclinable, independientemente de la intransigencia y complejidad de quien gobierne y de la pasmosa pasividad de las distintas facciones políticas y colectividad que de una u otra manera se le someten, alejando de tajo toda posibilidad de concordia, entendimiento y comprensión; para convertirse, sin más, en un acto execrable de vergonzosa rendición.
