El 4 de julio de 1991, con grandes expectativas, fue promulgada la nueva Constitución de Colombia, llamada ‘La constitución de los derechos humanos’. El primer artículo declara que Colombia es un Estado social de derecho, organizada en República unitaria, descentralizada. Con la nueva constitución, se inicia un proceso de cambio en las estructuras políticas, económicas y sociales; reestructuración y actualización del país. Uno de esos cambios es el ordenamiento territorial: elevando a Departamentos los territorios Nacionales y, mediante los artículos 286 y 287, se les atribuye autonomía a todos: “gozando” de independencia para el manejo de sus intereses, con autoridades propias y otras funciones. Sin embargo, la cantidad de normas con las que se han querido establecer esos principios de igualdad y oportunidades, están apenas iniciando.
El primer obstáculo para que estos territorios no tengan oportunidades, ni representaciones propias en el senado es el artículo 171; determina que la elección de los senadores es por circunscripción nacional. Este mecanismo deja a muchos departamentos, los nuevos con mayor razón, sin voz en la corporación. Los estudios, al respecto, indican que al menos diez departamentos no han podido llegar a un escaño en el senado. Los promedios señalan que 10 departamentos se han quedado sin curul, representando el 31.5% territorialmente. Caso contrario, lo tenemos en Atlántico, Antioquia, Córdoba, Valle del Cauca y Cundinamarca (Incluye Bogotá), ocupan el 15.62% del territorio nacional, pero tienen 48 senadores; lo que es el 47.5%, de la corporación, conllevando una concentración mayoritaria de poder político: el 52.5%, de los congresistas, están repartidos en el 52.88% del territorio colombiano, más las circunscripciones indígenas y afros, además, con los acuerdos de paz, se agregan 5 curules más para los desmovilizados. Es preocupante, que estas regiones, territorios nacionales y otros departamentos, mal llamados pobres, mirando sus riquezas comparativas, no tengan participación en la conformación de las leyes.
En tal razón, el doctor Hernán Penagos Giraldo, exrepresentante a la cámara, presidente de la misma y también presidente de la Comisión de Paz y de la Comisión de Ordenamiento Territorial, dijo que “hay que acabar con la circunscripción nacional del senado, no ha sido útil para el país porque ya existen de 8 a 10 departamentos sin senadores de la República”.
Lo dicho por Penagos queda claramente demostrado en los datos obtenidos de la Registraduría Nacional, donde señala que esos departamentos son Amazonas, Arauca, Caquetá, Guainía, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada de los antes llamados territorios nacionales, La Guajira y Quindío. De estos territorios regionales, los únicos que votaron, mayoritariamente, por candidatos oriundos fueron Amazonas y Putumayo. Casi 30 años cumple la constitución y ha tenido más de 50 actos legislativos y no incluyen la modificación para que cambie el mecanismo de elecciones a senadores.
Lo que es peor, La Guajira se ha convertido en un territorio intrascendente para el gobierno central, pero de gran valía para las coloridas pirañas políticas quienes, en los últimos debates electorales, se han apropiado ese electorado por senadores como Armando Benedetti Jimeno, José Alfredo Gnecco Zuleta y Bernardo Elías, de la U., Antonio Guerra De la Espriella, Arturo Char y Dayra Galvis de Cambio Radical, los que sumaron significativos votos a sus caudales electorales. La Guajira no tuvo ni tiene voz en el Senado.
El próximo 2022 es año electoral, es una gran oportunidad para que miremos hacia dentro, revisemos nuestro potencial electoral, tenemos la capacidad para superar esta situación, caminado unidos y con la misma convicción lograremos esa curul en el congreso. Siempre decimos que una golondrina no hace verano”, sin embargo, frente a este desequilibrio político e institucional, una voz puede garantizar, en parte, la equidad que necesitamos para estas regiones: la clave está en la gestión del congresista de la misma región, trabajando y buscando el bienestar de todos sus paisanos.
Para el año 2018 La Guajira tenía un censo electoral de 581.727 personas habilitadas para ejercer su derecho al voto, informado el 10 de mayo del Consejo Nacional Electoral. Hoy, posiblemente somos más. Lo ideal, con esa votación y bien organizados, serían dos senadores Guajiros; que vivan aquí, que conozcan nuestras necesidades y con buenas intenciones de trabajar por su pueblo. Seamos conscientes, porque guajiro que se respete, vota por guajiro, como lo dice el cliché.
