Después de recorrer en estas páginas el crecimiento de la economía global, los cambios que ha producido en los ecosistemas y la forma en que esos cambios empiezan a hacerse visibles en el territorio, la conclusión empieza a imponerse con cierta claridad: el mundo atraviesa una crisis que ya no puede describirse únicamente como ambiental.
Durante mucho tiempo el deterioro ecológico fue tratado como un problema parcial. Algo que podía corregirse con mejores tecnologías o con regulaciones más estrictas. Pero los datos científicos acumulados en las últimas décadas cuentan otra historia. La actividad humana ha alcanzado una escala capaz de alterar procesos fundamentales del sistema Tierra: el clima, la biodiversidad, los ciclos del agua, los suelos de los que depende la agricultura y los océanos que regulan la vida del planeta.
Lo inquietante no es solo la magnitud de esos cambios. Es que comienzan a afectar directamente las condiciones que sostienen nuestra propia organización social: la producción de alimentos, el acceso al agua, la estabilidad de los ecosistemas y, en última instancia, la seguridad de las comunidades humanas.
Por eso, cuando afirmo que el mundo está en crisis, no lo hago como consigna ni como exageración retórica. Lo digo después de observar durante años cómo nuestras formas de producir, consumir y gobernar comienzan a chocar con los límites físicos que sostienen la vida.
Si esta fuera únicamente una crisis ambiental, bastaría con algunos ajustes técnicos. Nuevas tecnologías, regulaciones más eficientes o innovaciones energéticas. Pero lo que empieza a hacerse visible es algo más profundo.
En realidad, estamos frente al límite de una forma de entender el progreso.
Durante dos siglos la civilización moderna organizó su desarrollo como si la economía pudiera expandirse indefinidamente dentro de un planeta finito. Crecer era mejorar. Expandirse era prosperar. Extraer más recursos era avanzar. Esa idea terminó por instalarse como sentido común y, cuando algo se convierte en sentido común, deja de discutirse.
El problema es que, bajo esa lógica, la vida termina quedando en segundo plano. Como si siempre pudiera compensarse después.
Hay, además, una realidad incómoda que en Colombia solemos mirar de reojo. La presión ecológica sobre el planeta no está distribuida de manera equitativa. Las economías del norte global han contribuido mucho más al deterioro acumulado del sistema Tierra, tanto por su consumo total como por su consumo por persona. Sus niveles de emisiones siguen estando muy por encima del promedio mundial.
Pero reconocer esa desigualdad no puede convertirse en una excusa para repetir el daño en nuestros propios territorios.
En América Latina conocemos bien esa historia. Durante siglos nuestros territorios han sido vistos como reservas de recursos: minerales, bosques, agua, biodiversidad. Todo está disponible para ser extraído y convertido en riqueza en otros lugares. Esa manera de pensar no desapareció; simplemente cambió de lenguaje.
Incluso existe una versión mental de esa lógica colonial. Una forma de razonamiento que termina justificando el deterioro. Dice algo así: si los países ricos contaminan más, lo nuestro no importa; si el mundo avanza por ese camino, resistir es inútil; si la economía depende de ello, entonces el deterioro es inevitable.
Ese argumento suele presentarse como realismo. Pero en el fondo es resignación. Convierte el territorio en mercancía y a las comunidades en administradoras pasivas de su propio sacrificio.
Basta mirar lo que ocurre en la Sierra Nevada de Santa Marta para comprenderlo. Allí no estamos hablando únicamente de un paisaje admirable. Estamos hablando de una fuente esencial de agua, de biodiversidad, de regulación climática regional y también de un territorio sagrado para los pueblos indígenas que lo habitan.
El retroceso de sus glaciares y las alteraciones en su sistema hídrico no son metáforas ecológicas. Son hechos. Afectan ríos, ecosistemas y comunidades enteras.
Cuando uno observa lo que ocurre en la Sierra, resulta difícil seguir sosteniendo que el deterioro ecológico es simplemente una discusión ideológica. Es una realidad material que se vive en el territorio.
Sin embargo, todavía hay quienes intentan reducir el problema a una disputa política. La estrategia es conocida: cuando la evidencia incómoda, se desacredita el tema llamándolo exageración, agenda o postura ideológica.
Pero la realidad es mucho más simple. El clima no vota. Los ríos no negocian. Los bosques no responden a discursos. La naturaleza tiene límites. Y esos límites existen, nos guste o no, independientemente de nuestras discusiones.
Lo que sí es profundamente ideológico es otra cosa: la idea de que la economía puede situarse por encima de la vida. La creencia de que el crecimiento económico es un fin en sí mismo, incluso cuando para sostenerlo se degradan las condiciones que hacen posible la existencia.
Si aceptamos que esa es la situación en la que estamos, la pregunta ya no es si debemos reaccionar. La pregunta es desde dónde hacerlo.
Tal vez el primer paso sea revisar qué entendemos por progreso. No todo crecimiento significa mejora. Una sociedad que destruye las condiciones que sostienen la vida difícilmente puede considerarse próspera, aunque sus indicadores económicos aumenten.
También debemos aceptar algo incómodo: la economía necesita volver a situarse dentro de los límites de la vida, no al revés. Eso no significa negar la economía ni romantizar la pobreza. Significa algo más elemental: ordenar prioridades.
Preguntarnos qué producimos, para quién lo producimos, a qué costo ecológico y humano y qué límites estamos dispuestos a considerar no negociables. Aquí el Estado tiene un papel que no puede delegar: proteger los bienes comunes, regular lo que degrada y planificar pensando primero en el agua, el suelo y la salud pública.
