El de las objeciones es un debate torticero, pues una cosa es la constitucionalidad y otra la conveniencia; un debate polarizador que revive la falsa división entre amigos y enemigos de la paz; un debate perverso que, apelando a la destrucción del Acuerdo –una mentira– y el regreso a la guerra –un chantaje–, busca preservar la impunidad negociada por Santos.
Irresponsable la posición de quienes hacen terrorismo mediático con un “choque de trenes” entre la Corte Constitucional y el Gobierno, porque este último, dentro de sus competencias, consideró inconvenientes –no inconstitucionales– seis de 193 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP.
Irrespetuosa con la Corte la sugerencia de que se “vengará” del Gobierno en su sentencia sobre el glifosato, por el “atrevimiento” de objetar parcialmente una Ley que, por ser estatutaria, exige examen constitucional previo y no posterior a la sanción presidencial, lo cual no inhibe su competencia de objeción.
Descomedida con la Corte y el Gobierno, la pretensión de unos parlamentarios de que el Congreso deba consultarle a la Corte si puede o no asumir su competencia de debatir las objeciones. Atrevida la de cercenarle al Gobierno esa competencia de objetar los artículos que considera inconvenientes.
No creo que las objeciones, de ser aprobadas, hagan trizas el Acuerdo y la JEP. Creo en la coherencia del presidente, que habría traicionado si no las presenta. Creo en el talante democrático de su anuncio de acatar la decisión final.
Tampoco creo en el choque de trenes. Puedo estar en desacuerdo con algunas de sus sentencias, pero no veo a una Corte vindicativa y mezquina, que sacrifique su respetabilidad por “desquitarse” del Gobierno.
El narcotráfico, con sus terribles secuelas, no es un asunto menor. La tragedia heredada del gobierno Santos, que recibió 48.000 hectáreas sembradas y entregó 200.000, es una enfermedad terminal que no se cura con Mejorales sino con un tratamiento integral.
Aprendámosle algo a la guerrilla, pues la derrota del narcotráfico exige combinar todas las formas de lucha: Presencia del Estado garantizando legalidad, emprendimiento y equidad; acción militar donde la violencia ha hecho metástasis; aspersión localizada y erradicación manual forzosas donde se pueda garantizar seguridad; erradicación voluntaria donde sea posible, y aspersión aérea al cultivo mafioso en extensiones apartadas donde el daño ambiental ya ha sido hecho con la deforestación.
Abandonemos debates maniqueos. Conocemos el peligro del narcotráfico para nuestra subsistencia como sociedad y para construir futuro. Todo el Estado, la Corte Constitucional incluida, debe asumir el reto de devolverle a Colombia la dignidad y la esperanza.
