En cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 ‘Colombia potencia mundial de la vida’, el Gobierno del Cambio presenta los proyectos de la ley estatutaria del derecho a la Educación y de Reforma a la ley 30 de 1992.
Adelantándose al tortuoso trámite en el Congreso, el presidente Petro incluyó en el proyecto Presupuesto General de la Nación – PGN 2024, la asignación de 60,5 billones de pesos, el más alto de todos los rubros y de la historia colombiana, para colocar la primera piedra de la viabilidad financiera y sostenibilidad de fiscal de los dos proyectos referenciados.
El proyecto de ley estatutaria “por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la educación” que se presenta al Congreso el 7 de septiembre, tiene por objeto establecer las garantías del derecho fundamental a la educación, establecer sus condiciones de prioridad para su efectiva protección en los niveles inicial, básica, media y superior incluidos los adultos, personas privadas de la libertad y los grupos étnicos a partir de la Disponibilidad (Asequibilidad), Permanencia (Accesibilidad), Calidad (Aceptabilidad) y Adaptabilidad.
La propuesta estatutaria en su artículo 17 abre el espacio para reformar a la educación superior que comprende el acceso y permanencia de las personas que culminen la formación media a los programas del nivel técnico profesional, tecnológico y universitario que ofrezcan las instituciones deeducación superior. “El Estado financiará, ofrecerá y garantizará en forma progresiva el derecho fundamental a la educación superior de acuerdo con la regulación para la prestación del servicio en este nivel, reconociendo además las cualificaciones y saberes” en diálogo para una sociedad del conocimiento.
La reforma a la ley 30 de 1992 replantea los fundamentos de la educación superior; el Consejo Nacional de Educación Superior y del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior; el régimen especial de las universidades del Estado y de otras instituciones de educación superior estatales u oficiales (organización y elección de directivas, del personal docente y administrativo, del régimen financiero, del régimen de contratación y control fiscal); de las instituciones de educación superior de carácter privado y de economía solidaria; del régimen estudiantil (Icetex, bienestar universitario), y disposiciones generales, especiales y transitorias.
Estos dos proyectos, que presenta la actual Administración Nacional, recoge las reivindicaciones del estamento estudiantil por las cuales viene luchando, especialmente desde 2019, pero particularmente, durante el estallido social de 2021.
Derivado de estas movilizaciones, se le arrancó al Gobierno Duque la matrícula cero para los estratos 1, 2 y 3. Se forzó al jefe de Estado de ese entonces a presentar un proyecto de ley C-84 para reformar los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1992 con el objeto de cambiar la fórmula de asignación por parte del PGN de los recursos para el funcionamiento de las Institución de Educación Superior Públicas nacionales y oficiales.
El Ministerio de Educación Nacional ha promovido la participación para mejorar los proyectos aludidos para lo cual realizó un Diálogo por la Educación Superior en Riohacha en donde se supone que los estamentos de la Universidad de La Guajira con conocimiento de causa formularon propuestas viables para superar los crónicos problemas que la han afectado históricamente.
De igual forma, en el contexto de las dos normas en proceso de aprobación y de la Emergencia Económica, Social y Ambiental se crea la Universidad Wayuu mediante el decreto legislativo 1274 de 2023.
Invitamos a los lectores de Diario de Norte y a la ciudadanía guajira para que además identificar las propuestas relacionadas con el sector de educación en los respectivos Programas de Gobierno 2024-2027, le pregunten a los candidatos y candidatas que los inscribieron, cuáles son los proyectos de sus hojas de ruta para armonizar con los cambios que se van a generar con la nueva ley estatutaria del derecho a la educación y de la reforma a la educación superior.
Y sobre todo, con qué recursos van a garantizar la universalización de la prestación de ese servicio esencial en el nivel inicial, básico y medio para toda la población de sus entidades territoriales.
También, que respondan cómo se van a manejar los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), y si prometen descentralizar la educación en sus municipios para que la Gobernación no les siga manejando los recursos de funcionamiento que les son propios.
Es necesario recordar que de los 15 municipios guajiros solo están descentralizados en educación Maicao, Riohacha y Uribia.
