La violencia volvió a teñir de luto al Valle del Cauca, luego de que en la noche del domingo 18 de mayo se registraran dos ataques armados casi simultáneos en los municipios de La Unión y Riofrío, que dejaron como saldo cinco personas muertas. Entre las víctimas se encuentran una mujer trans y una joven de 18 años, cuyas muertes han generado repudio entre la ciudadanía y sectores defensores de derechos humanos.
El primer hecho se presentó en la vereda La Campesina, en zona rural del municipio de La Unión, donde dos mujeres fueron atacadas con arma de fuego cuando se movilizaban en una motocicleta. Las víctimas, identificadas como Bayron Jhoel Rodríguez Tejada, de 21 años, reconocida integrante de la comunidad LGBTI, y Karol Liseth Cáceres Rojas, de 18 años, fueron asesinadas a quemarropa. Según versiones preliminares, los agresores las interceptaron y les dispararon sin mediar palabra. El crimen ha sido calificado como un posible acto de violencia por prejuicio, aunque las autoridades no han descartado otras hipótesis.
Casi al mismo tiempo, en la zona rural de Riofrío, específicamente en la vía hacia el corregimiento de Salónica, se registró un segundo hecho violento que podría ser catalogado como una masacre. Tres hombres fueron atacados con armas de fuego cuando se encontraban a la orilla de un río. Dos de ellos, identificados como Carlos David L. y Heider Jovani G., fallecieron en el lugar de los hechos, mientras que la tercera víctima, Dubardy I., alcanzó a ser trasladada a un centro médico, donde murió poco después debido a la gravedad de sus heridas.
La Policía del Valle y unidades de la Fiscalía General de la Nación se desplazaron a ambas zonas para adelantar las investigaciones correspondientes. Por ahora, no se conocen capturas ni pistas claras sobre los responsables, aunque se presume que en ambos casos los crímenes fueron ejecutados por sicarios.
Estos hechos se suman a una preocupante escalada de violencia que vive el departamento, afectando de manera particular a mujeres, jóvenes y poblaciones históricamente vulnerables. Organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido una respuesta inmediata del Estado para garantizar la seguridad de las comunidades, especialmente en zonas rurales donde el control territorial por parte de grupos armados ilegales sigue siendo una amenaza constante.
