El incremento de los fraudes cometidos mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto llevó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a presentar una propuesta normativa orientada a reforzar la seguridad en las redes de telecomunicaciones y dificultar las acciones de quienes recurren a la suplantación de identidad para engañar a los usuarios.
La iniciativa, actualmente en consulta pública, surge tras el notable aumento de las reclamaciones relacionadas con modalidades como el smishing y el vishing. De acuerdo con la CRC, el monto reclamado por las víctimas de estos delitos pasó de $30.622 millones a $92.235 millones en apenas dos años.
Las cifras evidencian la magnitud del fenómeno en un país donde cada trimestre circulan más de 24.000 millones de minutos de voz y cerca de 12.400 millones de mensajes de texto enviados mediante códigos cortos. En este entorno, los delincuentes suelen hacerse pasar por entidades bancarias, empresas de mensajería, comercios o instituciones públicas para obtener información personal y financiera de sus víctimas.
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Durante 2024, las reclamaciones asociadas al smishing superaron los $47.892 millones, mientras que las derivadas del vishing alcanzaron más de $44.342 millones. En conjunto, estas modalidades representan pérdidas reclamadas por más de $252 millones diarios.
Entre las medidas planteadas se incluyen mecanismos para bloquear llamadas con indicios de suplantación, herramientas que permitan identificar claramente los mensajes corporativos legítimos y sistemas que mejoren la trazabilidad de las comunicaciones para detectar comportamientos sospechosos de manera temprana.
La CRC señaló que la propuesta fue elaborada tras analizar el tráfico de voz y datos en Colombia, revisar experiencias internacionales y recoger aportes de operadores, autoridades, empresas y representantes de los usuarios. Con ello, la entidad busca fortalecer la confianza de los ciudadanos y reducir el impacto de las estafas digitales en el país.
