Juliana Guerrero presentó su renuncia irrevocable como delegada del presidente Gustavo Petro ante el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), en medio de las investigaciones que adelantan las autoridades por un presunto caso de corrupción relacionado con la gestión de contratos estatales.
La decisión fue comunicada mediante una carta divulgada por su equipo jurídico, en la que manifestó que dejará el cargo para concentrar sus esfuerzos en atender los procesos que cursan en su contra y responder a los señalamientos que ha recibido en los últimos meses. Asimismo, aseguró que comparecerá ante las autoridades cada vez que sea requerida y colaborará con el esclarecimiento de los hechos.
En el documento también sostuvo que su situación personal no debe afectar la imagen de la Universidad Popular del Cesar ni la del Gobierno Nacional, al tiempo que calificó como injustas las acusaciones provenientes de distintos sectores políticos.
La renuncia se produce luego de que la Fiscalía General de la Nación abriera una investigación contra Juliana y su hermana Verónica Guerrero por su presunta participación en un esquema de direccionamiento de contratos públicos. Según las denuncias conocidas, ambas habrían recibido millonarias comisiones de empresarios interesados en acceder a contratos con diferentes entidades del Estado.
De acuerdo con la información revelada por la revista Semana, los hechos se remontan a 2024 e involucran a empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander, quienes habrían entregado dinero con la expectativa de obtener contratos en ministerios y otras entidades nacionales.
Además de esta investigación, Juliana Guerrero enfrenta otro proceso judicial por el presunto uso de un título falso expedido por la Fundación Universitaria San José. En ese caso, la Fiscalía le imputó cargos al considerar que habría acreditado requisitos académicos que, según la investigación, no cumplía para obtener los títulos de contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria.
