Una investigación periodística publicada por la revista Semana puso en el centro de la polémica a Juliana Guerrero, exfuncionaria del Gobierno nacional, y a su hermana Verónica Guerrero, quienes, según la denuncia, habrían encabezado una presunta red dedicada a gestionar de manera irregular contratos estatales a cambio de millonarios pagos. Los hechos señalados en el informe habrían ocurrido desde 2024.
De acuerdo con la publicación, la supuesta estructura operaba ofreciendo a empresarios acceso a contratos en diferentes entidades del Estado, especialmente en los ministerios del Interior y de Vivienda. Entre los proyectos mencionados figuran la instalación de cámaras de seguridad financiadas por el Ministerio del Interior, la construcción de un acueducto en un municipio del Cesar y un programa de mejoramiento de viviendas con recursos del Ministerio de Vivienda.
La investigación sostiene que las hermanas presuntamente establecieron un esquema de cobros para facilitar el acceso a estos procesos. Según los testimonios recopilados, las reuniones iniciales tendrían un costo, mientras que para la adjudicación de los contratos se solicitaban anticipos millonarios y un porcentaje del valor total de cada proyecto.
Como parte de las evidencias presentadas, el informe incluye audios, conversaciones de WhatsApp y testimonios que señalan a David Trespalacios como presunto intermediario encargado de recibir inicialmente el dinero entregado por los empresarios. Posteriormente, según la publicación, los recursos habrían comenzado a consignarse directamente a cuentas personales de las hermanas, incluso mediante plataformas de transferencias digitales.
La denuncia también asegura que la supuesta influencia de las Guerrero se habría extendido a otras entidades como el Ministerio de la Igualdad, el Ministerio de Ambiente, la Fiduagraria y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Asimismo, algunos testimonios indican que Juliana Guerrero habría participado en decisiones relacionadas con contrataciones y vinculación de personal, incluso en periodos en los que no ejercía funciones públicas. El exviceministro de Agua, Edward Libreros, también es mencionado en el informe como uno de los funcionarios con los que presuntamente existieron contactos para facilitar esos trámites.
Según los empresarios citados por la revista, más de 600 millones de pesos habrían sido entregados a la supuesta red sin que los contratos prometidos se concretaran, situación que dio origen a reclamaciones para recuperar el dinero.
Tras conocerse la investigación, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de sus redes sociales. El mandatario afirmó que, de ser ciertos los hechos, quienes entregaron dinero actuaron bajo la creencia de que podían influir en decisiones del Gobierno mediante pagos indebidos y sostuvo que la revista debería entregar a la Fiscalía los chats y demás elementos probatorios para que sean investigados por las autoridades competentes.
