La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, inició una investigación contra Juliana y Verónica Guerrero por su presunta participación en un esquema de direccionamiento de contratos públicos, luego de las denuncias que las vinculan con el cobro de millonarias comisiones a empresarios interesados en obtener adjudicaciones del Estado.
La actuación judicial se produjo tras conocerse un escándalo respaldado, según las denuncias, con conversaciones, audios y facturas que apuntarían a que las hermanas ofrecían influir en procesos contractuales para favorecer a terceros. De acuerdo con la información revelada por la revista Semana, los hechos habrían comenzado en 2024, cuando empresarios de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander entregaron recursos con la expectativa de acceder a contratos en entidades como los ministerios de Vivienda, Ambiente, Igualdad e Interior, así como en la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Colombia en Paz.
Para ese momento, Juliana Guerrero había finalizado un contrato por $11 millones con el Ministerio del Interior y se proyectaba hacia el Viceministerio de Juventudes. Entre tanto, Verónica Guerrero ya había concluido un contrato por $19 millones con Colombia Compra Eficiente y otro por $11 millones con la misma cartera ministerial.
Según los testimonios recopilados, cada encuentro con las hermanas tenía un costo de un millón de pesos. Además, las denuncias indican que Juliana se encargaba de gestionar presuntos acercamientos con funcionarios del Gobierno a cambio de pagos cercanos a los $200 millones y una comisión equivalente al 10 % del valor de los contratos adjudicados. Verónica, por su parte, habría cumplido funciones como intermediaria entre los empresarios y su hermana.
En el caso también aparece mencionado David Trespalacios, oriundo de Barranquilla, señalado de recibir dinero y apoyar diversas gestiones para las hermanas, entre ellas la búsqueda de títulos universitarios. No obstante, su nombre no figura dentro del proceso que ya enfrenta Juliana Guerrero por el presunto uso de un título falso de contadora expedido por la Fundación San José.
