Gobierno del presidente Gustavo Petro se prepara para presentar una nueva reforma tributaria, la número 14 de este siglo en Colombia. El proyecto, que busca recaudar $12 billones, ya está en manos del mandatario y será radicado en el Congreso esta semana.
A diferencia de otros países, donde las reformas tributarias son más esporádicas y responden a necesidades específicas, en Colombia estas medidas se han vuelto frecuentes.
Según Asobancaria, el país ocupa el segundo lugar en América Latina con más reformas tributarias desde el año 2000, solo detrás de Ecuador. En promedio, Colombia ha tenido una reforma cada 1,7 años.
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, la causa de esta ‘tradición’ radica en la necesidad constante del Estado de cubrir déficits fiscales, lo que ha generado cambios frecuentes en las reglas impositivas y un aumento en los gravámenes.
Sin embargo, muchas de estas reformas no logran los resultados esperados debido a las numerosas exenciones fiscales, la evasión y la elusión, lo que lleva a una pérdida anual de entre $50 billones y $80 billones, según cifras del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.
Desde la Ley 788 de 2002, que introdujo una sobretasa de renta del 10%, hasta la más reciente Ley de inversión social del Gobierno Duque, las reformas tributarias han buscado aumentar el recaudo a través de impuestos como el IVA, el del patrimonio y el de las ganancias ocasionales.
En 2016, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, una de las más relevantes fue la Ley 1819, que incrementó el IVA del 16% al 19%.
Por otro lado, la nueva reforma de Petro propone reducir la tarifa de renta corporativa del 35% al 30% y, para las microempresas, hasta el 27%. Para compensar la reducción en los ingresos, se contempla aumentar el IVA del 5% al 19% en vehículos híbridos, incluir el impuesto a las apuestas en línea y a los alquileres por plataformas como Airbnb, además de incrementar el impuesto al carbono.
Asimismo, el proyecto busca elevar la tarifa de renta de 39% a 41% para personas naturales con ingresos superiores a $1.500 millones anuales. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aclaró que quienes no alcancen este nivel de ingresos no verán cambios en sus obligaciones tributarias.
El proyecto plantea un enfoque progresivo, con la intención de que las personas con mayores ingresos asuman una mayor carga tributaria, mientras se busca generar nuevas fuentes de ingresos para el Estado a través de impuestos a sectores emergentes como las plataformas digitales.
