La Procuraduría General de la Nación puso en marcha una nueva directiva que busca fortalecer las políticas de protección y bienestar animal en todo el país, luego de identificar incumplimientos recurrentes por parte de varias administraciones territoriales frente a las obligaciones establecidas en la legislación vigente.
La medida, contenida en la Directiva 012 de 2026, establece una serie de lineamientos dirigidos a alcaldes, gobernadores, ministerios, asambleas, concejos y juntas defensoras de animales. Entre las principales acciones se encuentra la realización de jornadas de esterilización, la implementación de estrategias para atender animales en condición de calle, la creación o puesta en funcionamiento de centros de bienestar animal y la conformación de fondos municipales destinados a la protección animal.
Asimismo, se fijaron plazos para que las entidades territoriales presenten planes de acción y avancen en la creación de centros regionales de bienestar animal. En materia de justicia, también se contempla la capacitación de inspectores de Policía para atender casos de maltrato animal y la aplicación de las herramientas establecidas por la Ley Ángel.
La directiva también insta a los ministerios de Ambiente y Educación a cumplir compromisos pendientes relacionados con la atención al maltrato animal y la inclusión de contenidos sobre bienestar y tenencia responsable en los programas educativos.
Para hacer seguimiento a estas disposiciones, la Procuraduría creó una mesa nacional integrada por entidades del orden nacional, autoridades territoriales y organizaciones de protección animal. Además, las entidades deberán presentar informes periódicos sobre los avances alcanzados.
El organismo de control advirtió que la falta de cumplimiento de estas obligaciones podría derivar en investigaciones y sanciones disciplinarias, al considerar que la protección de los animales constituye un deber legal que debe ser atendido por todas las instituciones del Estado.
