El Gobierno Nacional puso en marcha el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad mediante la expedición del Decreto 0626 de 2026, una decisión que se produce luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible la ley que dio origen a esta cartera por irregularidades en su trámite legislativo.
Con la entrada en vigor de la medida, la entidad adoptará temporalmente la denominación de “Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación” y comenzará un proceso orientado al cierre ordenado de sus operaciones. El Ejecutivo señaló que la decisión busca reorganizar la estructura administrativa del Estado sin afectar la continuidad de las políticas públicas dirigidas a poblaciones en condición de vulnerabilidad y sujetos de especial protección constitucional.
La cartera fue creada en 2023 con el propósito de liderar estrategias para reducir brechas sociales, económicas y políticas, así como promover la inclusión, la igualdad de oportunidades y la protección de comunidades históricamente afectadas por la discriminación. Sin embargo, tras el fallo de la Corte Constitucional, el Gobierno quedó obligado a desmontar la entidad dentro de los plazos establecidos.
El decreto fija un periodo inicial de un año para culminar la liquidación, aunque contempla la posibilidad de una prórroga si las circunstancias lo requieren. Durante este tiempo, la entidad solo podrá desarrollar actividades relacionadas con el proceso de cierre, incluyendo la administración de bienes, el cumplimiento de obligaciones pendientes y la organización de los activos y pasivos institucionales.
La norma también establece que el presidente de la República designará un liquidador encargado de dirigir el proceso. Entre sus responsabilidades estarán la administración de los recursos, la elaboración de inventarios, la atención de procesos judiciales, la transferencia de bienes y obligaciones, así como la presentación de informes periódicos sobre el avance de la liquidación.
Asimismo, se determinó que no podrán realizarse nuevas vinculaciones de personal y que deberá diseñarse un programa para la supresión de cargos, garantizando los derechos de los trabajadores que cuentan con protección especial de carácter legal.
Como parte de la reorganización institucional, varias de las funciones que actualmente desempeña el Ministerio serán trasladadas a otras entidades del Estado. El Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social asumirán parte de las competencias, mientras que algunos fondos adscritos a la cartera pasarán a ser administrados por diferentes organismos gubernamentales, con el objetivo de asegurar la continuidad de los programas y recursos destinados a la atención de las poblaciones beneficiarias.
