El nuevo Gobierno inició su política de control penitenciario con el traslado de 117 personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil, varias de ellas vinculadas a procesos de negociación de paz, hacia establecimientos de alta seguridad en distintas regiones del país.
La medida fue ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella y ejecutada por el INPEC tras su posesión. Los internos fueron distribuidos entre cárceles de Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.
Según el Gobierno, la operación busca impedir que estructuras criminales mantengan, coordinen o fortalezcan sus actividades delictivas desde los centros penitenciarios, además de reforzar la seguridad y garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales.
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, informó que 103 de los 117 internos procedían de la cárcel de Itagüí. Entre los trasladados estarían reconocidos cabecillas de estructuras criminales con presencia en Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente antioqueño, entre ellos Carlos Pesebre, Tom, El Indio y El Saya.
El Ejecutivo advirtió que mantendrá un control estricto sobre los establecimientos penitenciarios y que quienes pretendan utilizarlos para continuar actividades criminales serán sometidos a la ley.
