La elección de Iván Cepeda como senador de la República y de Aida Quilcué como representante a la Cámara, quienes asumieron las curules de oposición correspondientes a la fórmula derrotada en la segunda vuelta presidencial, quedó bajo cuestionamiento judicial tras la presentación de una demanda de nulidad electoral.
El recurso sostiene que la voluntad de los electores habría sido afectada por un patrón sistemático de violencia y presión ejercido por grupos armados ilegales antes y durante las elecciones presidenciales de 2026. Entre los hechos señalados figuran amenazas, restricciones a la movilidad, control territorial, imposición de normas de conducta, homicidios selectivos y desplazamientos forzados.
Según los demandantes, estas acciones tuvieron incidencia en distintos municipios y corredores territoriales y habrían condicionado la libertad del sufragio.
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La argumentación se apoya en registros de la Defensoría del Pueblo, que identificó presencia o influencia de organizaciones armadas en 670 municipios, así como en información de la MOE, que documentó situaciones similares en 399 localidades.
Los demandantes aseguran haber contrastado estos registros con las actas electorales, municipio por municipio, y afirman haber encontrado coincidencias geográficas entre zonas bajo influencia armada y territorios donde Cepeda y Quilcué obtuvieron respaldo electoral.
El recurso solicita que estos elementos sean examinados judicialmente para determinar si existió una afectación de la libertad del voto que pueda comprometer la validez de las elecciones.
