La famosa Línea Negra ya deja sus primeros efectos colaterales en La Guajira. La Troncal del Caribe lleva dos días cerradas. Las comunidades afros protestan por la falta de consulta. Los indígenas de Riohacha y Manaure, preparan arremetidas. Los grupos ancestrales están divididos. Lo peor es que parece que el proyecto de la Regasificadora en Ballenas se cae por decisión presidencial.
Un choque o fuego amigo entre el presidente Gustavo Petro y su ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, publicado en El Espectador y la República, deja en claro una crisis que deja bailando en la cuerda floja a La Guajira.
El alcance de los efectos de la famosa Línea Negra y las posibilidades reales de desarrollo para una región históricamente marginada como La Guajira, tiene al departamento en el filo de la navaja.
Las palabras del presidente en su cuenta de X fueron demoledoras. Hablar de “traición al progresismo”, insinuar posibles intereses económicos detrás de la iniciativa y cuestionar públicamente a su ministro, confirma que dentro del Gobierno no existe una hoja de ruta clara sobre el manejo del gas, la transición energética y las inversiones estratégicas en el Caribe colombiano.
La Guajira vuelve a quedar atrapada en medio de una discusión ideológica que se libra desde Bogotá, mientras el departamento continúa enfrentando pobreza, desempleo, falta de infraestructura y enormes déficits sociales. Paradójicamente, el territorio que produce carbón, que tiene uno de los mayores potenciales solares y eólicos del continente y que ha sido clave en la discusión energética nacional, sigue esperando beneficios reales para sus comunidades.
Hoy, empresarios, inversionistas y sectores productivos observan con preocupación cómo cualquier iniciativa energética, portuaria o de infraestructura podría quedar frenada por interpretaciones amplias del decreto. El mensaje que recibe el país es de inseguridad frente a nuevas inversiones, precisamente en momentos en que Colombia enfrenta advertencias sobre posibles dificultades futuras en materia energética y abastecimiento de gas.
Pero también sería irresponsable reducir esta discusión únicamente a un enfrentamiento político. El verdadero desafío consiste en encontrar equilibrio. La transición energética no puede construirse a punta de discursos ni de peleas públicas entre funcionarios del mismo gobierno.
La Guajira no puede convertirse en un territorio prohibido para el desarrollo, ni tampoco en una simple despensa explotada sin beneficios sociales y ambientales para sus habitantes. Lo que necesita el departamento es claridad institucional, seguridad jurídica y proyectos que generen empleo, inversión y bienestar, respetando al mismo tiempo la riqueza cultural y ambiental de sus territorios ancestrales.
La controversia deja una conclusión preocupante: mientras el Gobierno se divide entre el pragmatismo energético y el discurso ideológico, La Guajira sigue esperando decisiones serias, coherentes y concertadas sobre su futuro.
