En el departamento de La Guajira, se conoce de ciertos casos de bienes de uso público que pasan a manos de particulares ante la indiferencia de los mandatarios de turno.
El tema debe llamar la atención de la ciudadanía porque son quienes viven en el territorio, y les asiste el deber de ponerlo en conocimiento de las autoridades para que investiguen y los recuperen.
Las autoridades no deben seguir permitiendo que esta práctica silenciosa siga avanzando, porque se deja el camino libre a quienes sin ningún tipo de escrúpulos siguen actuando en detrimento del municipio o el Departamento.
Los bienes de uso público son aquellos cuya titularidad pertenece al Estado, destinados al uso, goce y disfrute de todos los habitantes del territorio, concepto de la sección primera del Consejo de Estado.
Estos bienes están sometidos al régimen de derecho público y sobre ellos el Estado ejerce derechos de Administración y de Policía, con miras a garantizar y proteger su uso y goce común, por motivos de interés general.
Para proteger dichos bienes se les ha revestido constitucionalmente de las siguientes características: Inalienabilidad: que implica que los mismos se encuentren fuera del comercio y por ende no se pueden negociar es decir vender, donar, permutar.
Además de inembargabilidad, que constituye la condición que impide que esos bienes puedan ser objeto material de medidas cautelares en procesos judiciales, e imprescriptibilidad, el cual establece que no sean susceptibles de adquirir por su usucapión.
Se destaca que a esas tres garantías se agrega otra consagrada en el artículo 6 de la ley 9 de 1989, en virtud de la cual el destino de esos bienes solo puede ser variado por los concejos municipales y distritales, a iniciativa de los alcaldes bajo la condición de que sean canjeados por otros bienes de características similares.
A propósito el llamado a los señores concejales de los quince municipios, para que aborden el tema y conozcan realmente el estado de los bienes públicos en sus territorios, situación que amerita los famosos debates de control político.
Los alcaldes en tanto no pueden seguir permitiendo que personas inescrupulosas sigan robando de frente los bienes públicos que les corresponde proteger, es hora de actuar como lo ordena la Ley en esos casos.
